En los últimos meses, distintos asesinatos de mujeres despertaron la indignación de la mayor parte de quienes se enteraron, debido a su brutalidad y crueldad. Como resultado, comenzó a circular nuevamente el reclamo de establecer en México la pena de muerte. Las voces que se alzaron fueron desde las redes sociales hasta el Congreso. En México, si bien la última ejecución legal tuvo lugar en 1957, la pena de muerte no quedó abolida sino hasta diciembre de 2005, hace poco más de catorce años. Sin embargo, culturalmente sigue siendo vista como una opción legítima para evitar los crímenes más atroces, como el asesinato o el secuestro, especialmente cuando tienen agravantes, como la vulnerabilidad de sus víctimas.

Es innegable que cuando uno se entera de acontecimientos de este tipo -me agito cuando viene a mi mente el horror y desesperación que tuvo que haber sufrido Fátima a sus siete añitos durante su martirio- despiertan en muchísimas personas la más intensa ira, y en no pocas un fuerte deseo de venganza. De, como sociedad, cobrar con los criminales que los realizan una cuota de dolor equivalente a la que ellos infligieron. Las emociones básicas, sin embargo, suelen haber demostrado a la mayoría de los adultos que son un mal instrumento para convivencia, cuando no se les limita racionalmente. Desear la posesión de un objeto no hace válida cualquier forma de apropiarse de él, como encolerizarse no justifica el daño que se pueda hacer a quien nos insulta, por poner solo dos ejemplos. En este sentido, una vez más, vale la pena volver a reflexionar sobre las posibles implicaciones del uso de este castigo.

En primera instancia, se trata de entender el fin general de la utilización de castigos con quienes rompen las reglas. Desde la perspectiva del Estado, la necesidad social es lograr relaciones de convivencia que eviten al máximo el daño de unas personas a manos de otras. El Estado por tanto reconoce límites de utilidad y de respeto a las personas a la hora de sancionar, pues su objetivo no es la venganza. Sobre esta base general, la mayoría de los países han abolido la pena de muerte.

En México, sin embargo, el debate tiene que ser mucho más pedestre que eso. No se trata de discutir si se vale o no matar asesinos, se trata de asumir que nuestro sistema de justicia, por un lado, es incapaz de detectar a la mayoría de los delincuentes, lo mismo evasores fiscales que asesinos. Por otro, sus vicios, su débil apego a la ley, la corrupción que permea en amplios espacios del ejercicio de autoridad, hacen que dar a los jueces la capacidad de matar sea un riesgo extraordinariamente grave para los fines de justicia de cualquier sistema jurídico.

Pretender hoy que en México esta pena puede aplicarse pulcramente es de una ingenuidad impertinente para producir leyes.