Hace tres años, en la Ciudad de México, comí con un amigo economista y periodista y entre otras cosas platicamos sobre el sistema penal que, para esas fechas, ya estaba implantado en Yucatán.

No hay que olvidar que Yucatán inició el sistema en 2011 y culminó en 2014 y que la mayoría de los estados, incluyendo la hoy Cdmx, lo hicieron entre 2015 y 2016, plazo máximo para transitar al sistema.

Le platiqué de lo que yo había podido vivir desde 2011, meses antes de que arrancara el sistema y de la primera, histórica audiencia por un caso de robo simple el 23 de noviembre de ese año.

Le dije que el tema me había interesado tanto, que había hecho una maestría enfocada precisamente en el sistema. Como además yo había vivido en la Ciudad de México durante 15 años, creo que le dio validez a mis comentarios.

Le hablé sobre los principios del sistema y su razón de ser: el de presunción de inocencia como factor principalísimo, que debía repercutir en el trabajo de las policías y de las fiscalías o procuradurías, ya que el trato de inocente a un detenido les obliga a hacer un mejor trabajo de investigación para destruir ese principio ante el juez, públicamente.

Por eso las policías y procuradurías tendrían que transformarse para estar a la altura del cambio y dar resultados. De otro modo, podría darse paso a la impunidad, esto porque sus actuaciones iban a ser controladas por un nuevo tipo de juez: el juez de control que tiene entre sus funciones la de controlar al Ministerio Público en su búsqueda de esclarecer los hechos, en la que invade la esfera de derechos de las personas. Y que estos jueces también controlaban las actuaciones policiacas y ministeriales en la detención, para asegurarse de que hubieran sido apegadas a la legalidad.

Me atreví a futurear y decirle que, conociendo la ciudad, los policías serían los primeros en quejarse del sistema, dado que sus actuaciones tendrían que ser ahora controladas. Y que la procuraduría capitalina tenía un trabajo monumental que veía difícil concretar en los primeros años.

Le dije que yo preveía que la implantación del sistema en una ciudad como México, con altos índices de inseguridad y una enorme población, iba a ser, lo menos, compleja. Y que si bien este sistema puede tener ajustes y alimentarse de la experiencia, el ajuste más necesario es el de la mentalidad de las policías, de las Fiscalías y de los jueces para hacer su trabajo, ahora a la vista del ciudadano, y con las pruebas que se requieren para hacer una verdadera justicia.