Pese a la vulnerabilidad del medio ambiente de la Península de Yucatán, en las dependencias federales encargadas de su protección parece prevalecer la falta de voluntad política para frenar la proliferación de bancos de piedra y un caso de grandes proporciones vuelve a sonar.

Comunidades del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, estuvieron representadas en el 11 foro anual de empresas y derechos humanos de la ONU que se llevó a cabo del 29 de noviembre al 1 de diciembre, en Ginebra, Suiza. En dicho foro expusieron su caso de acción colectiva en contra de la mina Calica, de Playa del Carmen. En octubre del 2022 el Movimiento Indígena Maya interpuso una acción colectiva contra la empresa hoy llamada Sanctun debido a presuntas violaciones al medio ambiente y salud de los niños de las comunidades de Quintana Roo. Han sido mostradas en dictámenes de diversas instituciones como la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, además de cientos de testimonios de habitantes y lo dicho en diversas ocasiones por el Gobierno Federal.

El pasado 28 de noviembre, en el foro en Ginebra, Suiza, se expuso la acción colectiva, recibiendo apoyo de diversas organizaciones de derechos humanos presentes en el encuentro. Además, el representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos ante la cumbre, Chanan Weissman, fue interpelado sobre el supuesto compromiso de su gobierno con los derechos humanos por lo que se comprometió a revisar el caso de la empresa y dar respuesta a las comunidades mayas.

La mina Calica, perteneciente a la multinacional Vulcan Materials Company se dedica a extraer y comercializar piedra caliza, grava y arena por debajo del manto freático, causando, según organizaciones ambientalistas como Greenpeace, graves daños al acuífero y a la biodiversidad en la selva maya desde 1986. Además, ha violado las normas ambientales en reiteradas ocasiones y en contubernio de anteriores administraciones. Aunado a ello, utiliza explosivos y extrae más allá de lo que tiene permitido, según Greenpeace. Ante esto, la multinacional ha recurrido a tribunales internacionales y al T-MEC, pero ya el gobierno mexicano ha declarado que por encima de los intereses y acuerdos económicos de la empresa está el derecho humano a un medio ambiente sano.

“Greenpeace tiene claro que los recursos naturales, la flora, la fauna y la vida de las personas están por encima de cualquier otro interés que busque primar en un territorio. Tenemos casi 30 años trabajando en México y haciendo campañas de denuncia ante el abuso de empresas, como fue el caso del proyecto impulsado por Felipe Calderón en Cabo Pulmo, proyecto que fue detenido gracias a la presión de la gente. Hoy, la Península de Yucatán está en los ojos y ambiciones de empresas inmobiliarias, turísticas y extractivas que ven la posibilidad de hacer negocios a costa de la vida digna de la gente. Es por ello que hoy manifestamos nuestro apoyo tanto al Movimiento Maya Indígena y su acción colectiva, como a los esfuerzos del gobierno mexicano por detener la devastación causada por Calica”, indicó Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México.

Solo el poder de la gente puede cambiar la inclinación de la balanza y quienes viven en el territorio deben ser escuchados, opinó Greenpeace. Puede tener razón