Alguien me dijo en alguna ocasión que “la mucha luz es como la mucha sombra, no deja ver”, frase que retorna a mí, al momento en que intento comprender los hechos y acciones que acontecen en la actualidad en nuestra sociedad, sin duda estas palabras aplican para todo en la vida cuando se hace necesario mantener distancia para reflexionar, incluso, discernir sobre aquello que nos inquieta, eso es precisamente por lo que hago este ejercicio atendiendo a varios temas que se acumulan y me hacen cuestionar si ¿es posible crear un mundo mejor y para quién o quiénes?

El pasado 21 de julio se aprobó en el Congreso del Estado de Yucatán, por 17 diputadas y diputados representantes de los partidos políticos del PAN, Nueva Alianza y Partido Verde, la reforma a la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), luego de una somera revisión que involucró la participación de una comisión especial y un grupo de expertos seleccionados por el gobernador Mauricio Vila Dosal, que consistió en analizar la situación financiera de la institución con el fin de proponer medidas para revertir la deuda e insuficiencia para sostenerla, la premura de esta decisión respondió a que si no se atendía urgentemente se vería afectado el pago de pensiones y demás prestaciones, derechos de los burócratas y, asimismo, impactaría directamente las finanzas de la entidad para otros rubros, cabe mencionar que para este previo análisis no hubo representación popular, situación preocupante, ya que al ser un problema público, no debió desarrollarse de manera privada. En resumen, la ley modifica la edad mínima para tener acceso a la pensión por jubilación pasando de 55 con la ley anterior, a 65 años de edad o 35 años de servicio, asimismo, el porcentaje de aportaciones aumentará del 8% al 15% de manera progresiva (Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto 532/2022, de 21 de Julio de 2022) para los servidores públicos, esto resultará severamente perjudicial para los ingresos y la calidad de vida, por lo que algunos han optado por ampararse ante este perjuicio.

De igual forma, el Congreso en fechas recientes y por mayoría, aprobó la propuesta de reforma electoral de Yucatán, para aumentar el número de diputados y diputadas locales de 25 a 35, modificación que aplicaría para el 2024, las condiciones sociodemográficas justifican tal decisión, aumento de población y la necesidad de una redistritación para garantizar una democracia más representativa, apurados por realizarla no se han tomado el trabajo de analizar cómo se mantendrá la nómina y los gastos que de ello implica, contrario a la austeridad que se pretende con la reforma electoral del Gobierno Federal. Otro punto que no podemos omitir sobre el trabajo de la Sexagésima Tercera Legislatura, es la aprobación de la reforma al Poder Judicial del Estado, la cual involucra otro aumento de magistrados y magistradas, ante lo cual un amigo me decía: “total el pueblo paga”.

La fuerza que tiene el Congreso local es preocupante, sus decisiones generan dudas sobre su adecuado desempeño y autonomía. Es así que en este claroscuro de decisiones que aparentan beneficiar a la ciudadanía, pero que reflejan otra realidad, sólo queda reflexionar, analizar y actuar, ya que aún hay posibilidad de cambiar el estado actual de las cosas.