El campo educativo enfrenta constantemente desafíos de diversa índole, no es la excepción cuando se trata de afrontar situaciones de emergencia, como lo fue el caso de la pandemia por Covid-19, fenómeno que provocó que se suspendieran todas las actividades productivas, incluido el sistema educativo, interrumpiendo la formación de miles de estudiantes. Este hecho nos dejó muchas enseñanzas, pero una de las más importantes fue reconocer el estado de planificación y operación de los programas educativos antes las emergencias, que si bien, en el caso mexicano, no fue improvisado totalmente, sí forzó a implementar medidas generalizadas que repercutieron en la formación de las niñas, niños y adolescentes.

Ahora bien, las emergencias o catástrofes naturales no son cosa nueva, la forma de responder ante ellas sí, por eso la creación de protocolos para instituciones, organismos nacionales e internacionales, entre otros, ha permitido garantizar el derecho a la educación, sobre todo para grupos vulnerables, afectados ya sea por desastres naturales, conflictos civiles y guerras que a su vez genera desplazados o refugiados. Estos planes emergentes permiten adoptar dependiendo del caso otros mecanismos para la enseñanza y el aprendizaje, ya que estos pueden variar de acuerdo al contexto y gravedad, mismo que va a determinar qué hacer.

En el caso mexicano tenemos conocimiento de estos planes de emergencia que operan a través de instancias gubernamentales de los tres niveles, que consisten básicamente en salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y su entorno, así como evaluar daños y proceder a la reconstrucción. Sin embargo, no tenemos un plan preventivo acorde al tipo de fenómeno que atienda a corto y largo plazo la impartición del servicio educativo como si lo tienen otros países. Esto se ha visto reflejado en la acción reactiva y no preventiva, como sucedió en el municipio de Acapulco, Guerrero, donde el año pasado, específicamente el 25 de octubre de 2023, fue devastado por el huracán “Otis” con categoría 5, provocando daños a la infraestructura, escuelas, casas y centros de salud, así como pérdida del suministro de agua, electricidad, entre otros. Evidentemente esto impidió que los estudiantes regresaran pronto a la normalidad, a meses de este desastre natural poco a poco se han ido recuperando en cuanto a los daños, sin embargo, careció de un plan educativo que atendiera a los estudiantes que fueron afectados, fue necesario que algunos organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y Save the Children apoyaran a la reincorporación de este servicio, ofreciendo ayuda que garantizara el derecho fundamental a la educación.

Luego de haber enfrentado diversas emergencias, y ante las crisis que vivimos a nivel mundial, es urgente que las sociedades elaboren planes emergentes para el sector educativo que se enfoquen en el desarrollo de la capacidad social e institucional, metodologías alternativas de enseñanza a distancia, utilización de recursos didácticos flexibles, un plan de manejo de recursos financieros local, así como fortalecer la cultura de prevención y, sobre todo, fortalecer la cohesión comunitaria para saber que la superación de estos fenómenos sólo se logra con la responsabilidad de todos.