Tras la presentación del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, por parte del presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, una serie de cuestionamientos comienzan a surgir sobre los hechos y el contenido de dicho documento oficial. Entre ellos, es de suma importancia poner a consideración la aceptación gubernamental de que se trata de un Crimen de Estado, por lo que la involucración de todas las esferas del poder convierte en cómplices a quienes planearon, ejecutaron y/o simplemente guardaron silencio, pero, lo más importante, es preguntarse ¿si el actual Gobierno Federal ha aceptado la participación de los tres niveles de poder, estará verdaderamente dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para revelar la verdad y sin importar que esto suponga enfrentarse a intereses y grupos con poder económico y político, además de militar?

La respuesta me sigue pareciendo la misma: un rotundo NO. ¿Por qué? Pues por los actos del Presidente, donde por un lado se presentan avances de la investigación y, por el otro, de forma simultánea, exonera a las instituciones participantes en el Crimen de Estado, tal y como aconteció respecto al Ejército. AMLO salió a decir poco después de presentado el Informe que: “la actuación de malos servidores públicos no significa el mal comportamiento de una institución”, esto en relación a la participación de militares en el crimen contra los estudiantes normalistas, solo que habría que recordar el hecho inequívoco de que en México el Ejército ha estado involucrado en las más atroces matanzas y crímenes de lesa humanidad perpetrados desde el poder, aunque claro, en el contexto actual de Gobierno, la relación poder-milicia es más que cercana, al grado de que el proceso de militarización que se vive en todo el país es únicamente un botón de muestra.

La aceptación de los hechos como Crimen de Estado y, por consecuencia, la participación del entonces Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, obliga a cuestionar ¿cuándo será girada la orden de aprehensión contra el ex presidente mexicano?, o ¿acaso se olvida que el máximo nivel en el Ejército lo ocupa el Presidente de la República? No se trata de una cacería ni de revanchas, se cuestiona la obligatoriedad legal que conlleva el tan alto nivel de involucramiento en las inhumanas acciones realizadas contra los normalistas de Ayotzinapa.

Durante la presentación del Informe se aseveró por parte de Alejandro Encinas que: “No hay indicio alguno que los estudiantes se encuentren con vida”. Y aunque tras casi 8 años de su desaparición forzada esta frase pudiera resultar “normal” para algún sector del Gobierno y de la opinión pública, no lo es para los padres y familiares que se mantienen en lucha por la justicia, acompañados por miles de personas que no hemos desistido, ¿si no hay indicios de que estén con vida de qué sí lo hay?, ¿acaso ya saben el destino de los normalistas?, si es así, sería muy inhumano revelar a cuentagotas la información de un caso que desde el principio conmocionó la realidad mexicana.

En poco más de un mes se cumplirán 8 años del Crimen de Estado contra los estudiantes de Ayotzinapa, ¿cuánto más falta para que la justicia se establezca de manera definitiva y sin titubeos? ¡QUEREMOS JUSTICIA YA!