Muy lamentable resulta comprobar, otra vez, que buena parte del Poder Judicial a nivel federal forma parte de la complicidad corrupta e inhumana que pretende perpetuar en un manto de impunidad el Crimen de Estado ya reconocido, respecto a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La decisión de la jueza de distrito Yazmín Eréndira Ruiz de otorgar la suspensión definitiva al ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, relativa a su vinculación a proceso por los delitos de tortura, contra la procuración de justicia y desaparición forzada, relacionados con el caso Ayotzinapa, es otro granito de la montaña de cinismo que desde del 26 de septiembre tiene a la nación en vilo respecto a la falta de justicia, si ya desde esa trágica noche se sabía que los hechos respondían a un Crimen de Estado, ahora está más que claro que la red de intereses sigue vigente y continúa por todos los medios encubriendo la verdad y tratando de desvirtuar los esfuerzos reales que se efectúan por esclarecer los hechos. En otras palabras, nadie puede seguir jugando a dudar sobre la violencia de lesa humanidad cometida por los tres órdenes de gobierno con la participación abierta de las Fuerzas Armadas de México sobre los 43 normalistas y sus familiares. Hoy, más de ocho años después, falta mucho para terminar de limpiar las instituciones y dependencias de gobierno de la podredumbre moral, ética y social que la lógica capitalista ha instaurado a través de grupos políticos en las esferas más altas del poder y la “justicia” en nuestra nación.

Aunque la suspensión de la vinculación a proceso de Murillo no significa su liberación inmediata por la posibilidad de impugnación de la decisión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), el hecho significa, de manera inmediata, un retraso en las investigaciones que otorga tiempo a los grupos que pretenden la impunidad de formular nuevas estrategias de interferencia, además, hay que sumar a esta acción, la gravísima filtración de información publicada en algunos medios nacionales, poniendo en riesgo buena parte de las actuales líneas de indagación, todo, en un contexto de exacerbación política entre grupos y partidos que únicamente beneficia a los intereses privados, dejando de lado las necesidades urgentes populares como es el esclarecimiento pleno del caso Ayotzinapa.

Ahora, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha realizado una denuncia sobre la evidente intromisión de la Fiscalía y el Ejército de México que con las acciones ya mencionadas y otras obstruyen las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, este mismo grupo, ya había hecho público desde marzo pasado, un documento donde señala que el Ejército espió a los involucrados en el caso, tanto criminales como autoridades y familiares, sumado a esto el hecho de la comprobada infiltración de al menos un elemento de las fuerzas armadas entre los normalistas tiempo antes de su desaparición.

No es difícil –si se quiere- ver lo obvio, el caso Ayotzinapa está rodeado de los más oscuros intereses de grupos políticos, militares y económicos que no desean se conozca la verdad, encubriendo su propia participación como la de otros actores aún pendientes de ser juzgados como el ex presidente Enrique Peña Nieto. Un sector amplio de la “justicia” es cómplice de la más vil impunidad.