En un nuevo comunicado intitulado “La verdad y justicia que se alejan” –que a cualquiera estremece- el Comité de Padres y Madres de los 43, ha fijado su postura ante el reciente nombramiento de Rosendo Gómez Piedra como nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (Ueilca), lo que en primera instancia marca una ruptura con la ruta que se había seguida mediante el papel central que jugaba Alejando Encinas tras presentar el reciente Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, el desplazamiento evidente que ahora presenciamos, las rupturas políticas internas de la 4T y el juego perverso del sistema que se autoprotege con evasivas a la justicia y trabas burocráticas -muchas de las cuales el propio Encinas denunció-, únicamente pone a la luz, nuevas piedras en un camino por demás pedregoso.

En su comunicado emitido ayer (6 de octubre), el Comité de Padres y Madres de los 43 denuncia que: “Tal nombramiento no fue comunicado ni dialogado con nosotros. Es una persona que no tiene conocimiento del caso Ayotzinapa ni en materia de derechos humanos, particularmente en desaparición forzada de personas, tortura ni ejecuciones extrajudiciales, por lo tanto, carece de las competencias necesarias para estar al frente de una Fiscalía Especializada como esta”. Ante este claro sentir de retroceso y preocupación frente a la utilización de viejas formas de desplazamiento de quienes buscan justicia, los familiares hacen eco de su voz crítica, que, si bien ha necesitado del Gobierno, no se supedita a él ni a ninguna otra entidad o fuerza política que pretenda desviar su reclamo por la verdad.

En el documento los familiares también señalan que: “la Ueilca es una de las instancias de un mecanismo extraordinario de justicia que se creó para dar verdad y justicia en el caso Ayotzinapa de manera dialogada y consensada con las madres y padres de los 43, por lo tanto, la renuncia del anterior titular y el nombramiento del actual sin tomarnos en cuenta, representa el inicio de un golpe y destrucción de este mecanismo de justicia transicional que con esfuerzo y trabajo se construyó y que representaba una esperanza de esclarecimiento de los hechos en los que fueron desaparecidos nuestros hijos”. El temor revestido de fuerza y el enojo contenido ante tanto agravio, pueden sentirse al palpar que tras los “avances” alcanzados, como el hecho mismo de que el Gobierno Federal reconozca como Crimen de Estado el caso Ayotzinapa, se avizora un nuevo periodo oscuro de vericuetos propios de la impunidad tan arraigada en el sistema de “justicia” del país.

La sobreposición del interés político de grupo y clase, a la exigencia popular y familiar por la verdad y justicia en el caso Ayotzinapa, es en sí también un crimen que deberá ser observado y reclamado, quien se interpone desde las esferas más altas o bajas del poder a la justicia, no sólo siembra piedras en el rosal de la esperanza, sino que se convierte en cómplice de la inhumanidad.

Las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa son claros, ellas y ellos saben que: “sólo la fuerza de nuestra exigencia logrará mover los obstáculos. Nos queda claro que los gobiernos son iguales”. A más de ocho años de la desaparición forzada: ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!