La crisis de humanidad que vivimos en el mundo arroja una serie de estadísticas que resaltan el incremento generalizado de trastornos depresivos, de ansiedad y suicidios, siendo América Latina una de las zonas geográficas donde se ha dado un aumento de la tasa regional del 17 por ciento en suicidios, en un periodo de veinte años (2000-2019), según el estudio “Una nueva agenda para la salud mental en la región de las Américas. Informe de la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud”, documento recientemente presentado por la OPS a la comunidad internacional.

En la región se registran, según el Informe, por lo menos unas 100 mil muertes por suicidio al año, afectando todos los ámbitos de la vida social e individual de las personas, y trastocando además a las comunidades donde acontecen, que, en nuestro caso mexicano, Yucatán se encuentra entre las principales entidades del país con mayor índice de suicidio, siendo que México ocupa uno de los veinte primeros lugares en toda la región. Por ello es todavía más urgente el desarrollo de políticas integrales que reconozcan este fenómeno social-psicológico y se profundice su análisis, así como la implementación de medidas que afronten la situación de salud mental que vivimos.

Ya se ha dicho en muchas ocasiones que la pandemia de Covid-19 vino a incrementar los padecimientos mentales y, a la vez, sacó a la luz y ante la mirada de la sociedad un sinfín de malestares ya presentes, pero que no eran considerados con la gravedad real que representan para la vida humana. Hoy, entre muchos otros agentes, la pérdida de perspectiva de vida entre las generaciones nuevas es una característica que sigue generalizándose. Y si bien el suicidio es un fenómeno multifactorial, también con base en las estadísticas, es posible visibilizar que factores sociales como la pobreza, la marginación, la discriminación, la violencia sistémica, el racismo y el desprecio a la dignidad humana de cualquier tipo, son comunes en las comunidades o sociedades donde las tasas de suicidio son mayores. Por lo que no basta con nombrar el problema, sino que es necesario la búsqueda de soluciones de esos males socio-económicos para garantizar condiciones de vida más estables y humanas, algo que sería corresponsable al incremento de la esperanza de vida en la actualidad.

La OPS define la salud mental como “un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad”. Esta perspectiva de vida que se menciona, requiere de la intervención y mejoramiento de los servicios de salud general, al igual que de las condiciones de vida de la población, reconociéndose en este contexto, que la salud mental es un derecho y una urgencia a respetarse y a tratarse de forma urgente. Ya que sin el reconocimiento de la importancia de garantizar la salud mental no será posible afrontar el reto que hoy significa el aumento de los casos de suicidio a nivel, global, regional y local.

El Informe de la OPS presenta diez recomendaciones sobre la salud mental para ser atendidas en las agendas de políticas públicas, con un enfoque que englobe factores y medidas que reduzcan los males ya señalados, entre las que destacan el “fortalecer la prevención del suicidio”, reconociéndolo como una pandemia global con afectaciones a nivel local