Estamos a sólo tres días de que se cumplan diez años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, habiéndose revelado el asesinato de dos de ellos con base en los restos humanos encontrados, y hasta hoy la interrogante sobre cuál es el motivo de la saña y la vileza inhumana que llevó al Estado mexicano a ejercer esa acción la noche de 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 y quienes participaron en el crimen sigue pendiendo en el aire junto a las mil y una formas en que la impunidad ha encontrado para evadir la verdad, y sobre todo cuál es fue el destino de los jóvenes normalistas sigue oculto en un país en el que se jura combatir la corrupción, pero cada día que ha pasado los familiares, amigos y quienes hemos acompañado, de una u otra forma este caso, sentimos el peso del tiempo y la mano de los intereses ocultos que intentan sembrar la desesperanza y sepultar los reclamos de justicia en el olvido.

Y sabemos que el crimen de lesa humanidad realizado contra los 43 de Ayotizinapa no está disociado de la represión gubernamental contra los movimientos sociales y que la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ha sido vigilada y reprimida de manera sistemática por el Estado mexicano durante décadas con su política de desarticulación del normalismo rural y la continuidad de la guerra sucia, aunque hoy se niegue, y que el propio actual Gobierno Federal reconoció que se trata de un crimen de Estado, pero también una vez reconocida la participación del Estado en la perpetración del crimen y llegado con base a las investigaciones independientes como las del Gobierno a las puertas del Ejército mexicano, ha acontecido un retroceso discursivo y programático gubernamental que ahora quiere desvincular de ese crimen de Estado al Ejército y exculparlo de toda responsabilidad, pero si se ha reconocido en diversas ocasiones que el Ejército tenía conocimiento y participó en los hechos ¿por qué hasta hoy los expedientes a los que se ha hecho referencia en las investigaciones, los cuales contendrían información sobre su papel en estos sucesos, no se han divulgado ni se han entregado para contribuir a las indagaciones?, ¿qué es lo que hasta hoy se oculta sobre la desaparición de los 43 normalistas y porqué?, ¿es acaso el cambio discursivo gubernamental un pacto obligado o consensuado con las fuerzas armadas para mantener el interés político-económico por encima de la verdad y la justicia?, ¿dónde están los 43 de Ayotzinapa? Estos y un sinfín de interrogantes más retumban en las catacumbas del oscurantismo sistémico que el capitalismo le imprime a la verdad.

Las llamadas tesis de la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto y la verdad del actual gobierno parecieran converger cada vez más como si los caminos del ocultamiento llevaran indiscutiblemente al mismo sitio, pues esta administración finalizará en menos de diez días y comenzará el tercer periodo presidencial desde el acontecimiento de la desaparición de los 43, y ante esto nos preguntamos ¿cuántos sexenios tendrán que pasar para que la verdad llegue? Ahí tenemos Tlatelolco, un crimen de Estado reconocido, pero del que los culpables murieron impunes, ¿es acaso ese el destino que el poder capitalista quiere para el caso de Ayotzinapa?, ¿será que “después” del neoliberalismo el humanismo mexicano no contempla a la verdad y la justicia como principios rectores de sus postulados filosóficos?, ¿acaso quieren que renunciemos a la verdad y a la justicia en nombre del pragmatismo progresista de un idealismo contradictorio con la realidad?, ¿qué es lo que impide llegar a la verdad?

Pronto serán diez años del crimen de Estado contra los 43 de Ayotzinapa, pronto escucharemos muchos discursos y quizás pocos avances en las investigaciones, pero al final de cuentas caminaremos, como siempre, de la mano con los familiares y los miles de seres humanos que desde aquella trágica noche-madrugada hemos gritado sin tregua: “¡Nos faltan 43!”, “¡Fue el Estado!”, “¡Justicia para Ayotzinapa!”.