Sin “evidencia verificable” se declaró el ex presidente Felipe Calderón al darse a conocer la sentencia de 38 años de prisión a Genaro García Luna, quien fuera su Secretario de Seguridad, así no más, como si de la responsabilidad se pudiera deshacer con un simple mensaje en redes sociales, y aunque es difícil que exista alguna persona honesta que le creer, esta actitud resume su gobierno y los daños que causó a la nación con su “guerra al narcotráfico”, pues la militarización sólo dejó un incremento exponencial de la violencia en el territorio mexicano, además de que hizo más evidente que en el gobierno panista se fortaleció la relación de contubernio entre el Estado y grupos pertenecientes a la delincuencia organizada.

El desvergonzado deslinde de Calderón es muestra de esa complicidad que deberá ser investigada si queremos llegar a la justicia en uno de los capítulos más dolorosos de las últimas décadas en México, pues la “guerra contra el narco” abrió la pandera del infierno en muchas entidades de la nación, ya que no fue en realidad un combate al narcotráfico, sino la generación de un pacto que abrió el camino para el empoderamiento de otros grupos delincuenciales, es decir, el Estado tomó partido por un bando y se puso a su servicio, generando y permitiéndose además una flagrante violación de los derechos humanos de una importante parte de la sociedad, que vio cómo las libertades fueron entregadas por encargo al control del crimen, el hecho que hoy siga el empoderamiento en regiones específicas del país de esos grupos es gracias a ese reacomodo de poder que se propició en el periodo de Calderón, no por nada el término de narco-Estado surgió en los años de gobierno calderonista y no cómo se quiso usar por la ex candidata presidencial panista, lo que además de ser absurdo dio mucha pena.

El combate a la corrupción que hoy se promulga debe ir a lo profundo de las estructuras estatales en todos los niveles, pues la degradación moral que se instauró en el propio gobierno y los tres poderes tuvo un efecto expansivo a la sociedad mexicana, donde la crítica fue acallada con cheques y publicaciones a modo, silenciando así a un mayoría de voces que buscaron en ese momento cuestionar esa relación entre el gobierno y el narco, no se nos olvide que en el periodo calderonista la censura y la autocensura (previo cobro) se expandió, algo que caracteriza a los gobiernos panistas en los que el pago del silencio es común a través de publicidad o convenios millonarios con los monopolios informativos y sectores de “intelectuales” (léase opinólogos) que se someten a esa línea blanquiazul.

Muchas de las estructuras de gobierno aún están plagadas de representantes de esa corrupción y esa usura contra la sociedad, una muestra es la disputa por conservar privilegios quienes ocupan las cúpulas del Poder Judicial, pero no sólo ahí, aún en las dependencias de gobierno y en los puestos medios subsisten prácticas ilegales e inmorales que laceran la búsqueda del bienestar común, la llamada “cultura de la transa” se sigue observando de formas diversas. La proliferación de la corrupción sí responde a esa degradación moral que permeó a la sociedad, pero queda claro que se debe combatir desde la raíz de las desigualdades, sin importar dónde se genere.

La sentencia a García Luna es buena y es bien recibida por quienes deseamos un país de justicia, pero, sin duda, más bueno será cuando los ex presidentes estén frente a la justicia, y esa emana del pueblo.