El paquete de veinte reformas, dieciocho constitucionales y dos legales, que presentó el pasado 5 de febrero el Ejecutivo Federal “para devolver a la Constitución de 1917 (que, por cierto, suele no respetar) toda su dignidad, humanismo y grandeza” han motivado lo que pretendía: generar polémica, porque se presentan en las postrimerías de su sexenio y son percibidas como un catálogo de buenas intenciones.

Y no tan buenas, porque ha reconocido que las presentó en “moloch” (en conjunto) “porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir”. Se entiende porque está en campaña por su candidata, luego entonces su intención, como dicen los filósofos, tiene una carga apelativa, es decir, “intenta influir en los actos del receptor”. Una de las principales iniciativas de AMLO que ha levantado ámpula es la relacionada con las pensiones, que evidencia que tiene “letras chiquitas” y fue elaborada al vapor. Veamos por qué.

Ya se aclaró que no todos los trabajadores que cotizan en el IMSS o el Issste que se jubilen lo harán con el 100% del último sueldo que percibían, como prometió el Presidente, pues se toparon a menos de 17 mil pesos, equivalente al salario mensual promedio del 2023. No hay dinero para hacer este ajuste. El “fondo semilla” para el llamado Fondo de Pensiones del Bienestar empezará con 64,619 millones de pesos, producto de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo, de enajenaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y de algunos adeudos de empresas al SAT.

Además, el pasado miércoles, la titular de Segob (no sabemos por qué ella) informó que se pretende que un 25% de las utilidades que generen las empresas sean entregadas o creadas para que administren la Sedena y la Marina, así como aportaciones (sic) de personas físicas o morales. Entre las empresas a cargo de soldados y marinos figuran el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” y el tren maya, que hasta ahora operan con números rojos, según reportes oficiales. Esta reforma tiene muchas aristas, aunque algunos partidos de oposición han dicho que le entran, pero quieren saber de dónde vendrán esos recursos. Visto así, es difícil que se apruebe en el ocaso de esta Legislatura.

Al respecto, los empresarios mexicanos (que apuestan su capital en inversiones, generan muchos empleos, son los grandes contribuyentes al fisco y al gasto social y que, como casi siempre, no fueron consultados) afirman que las iniciativas ameritan por parte del Poder Legislativo un análisis “imparcial, profundo, serio y responsable”, se realicen foros de consulta y, por supuesto, se incluya al sector privado.

De ese paquete de “buenas” intenciones, la 16, relativa a la reforma electoral para reducir los gastos para las campañas y a los partidos políticos, así como disminuir el número de regidores, evitar estructuras burocráticas y eliminar a los plurinominales, quizás sea la más aceptada y entendible por el ciudadano común, pero a ver si la dejan pasar los legisladores, pues el Congreso quedaría con 300 diputados y 64 senadores, en vez de los 500 y 128 actuales, respectivamente.

Anexo “1”

“Perlas” de la lista

Del catálogo de propuesta del Presidente hay algunas que tan obvias que le han valido fuertes críticas de sus “adversarios”. Quizá tengan razón, porque entre ellas figuran varias que confirman que no se ha atendido un problema o se desconoce cómo operan en la actualidad.

1.- Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público atendiéndolos de manera preferente.

2.- Garantizar atención médica y gratuita a todos los mexicanos. (¿Recuerdan lo de Dinamarca?)

3.- Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo.

4.- Otorgar becas a estudiantes de familias pobres de todos los niveles.

5.- El salario mínimo para maestros, guardias nacionales, soldados, marinos y médicos no podrá ser menor a lo que perciben los trabajadores inscritos ante el IMSS. (¿alguien gana menos?)

Además, que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en lugar de ser propuestos, serán electos de manera por el pueblo. Y eliminar todas las dependencias y "organismos onerosos" y elitistas supuestamente autónomos creados durante el periodo neoliberal. Es decir, toda la carga contra los entes fiscalizadores, los que vigilan al Gobierno, para quitarse la piedra del zapato.