Desde hace varios años, México está reprobado en muchos aspectos, los principales: seguridad y justicia; y en otros encabeza, para vergüenza, listas a nivel mundial: corrupción, impunidad, pobreza, etc. Sobre todo, la seguridad ha sido el talón de al menos cuatro sexenios atrás, y parece que será la tendencia en los próximos años, dada la urgencia de pasar oficialmente a la Guardia Nacional bajo jurisdicción de la Sedena, pese a los pobres resultados que ha dado desde su creación en 2019, que vino a revertir los esfuerzos por fortalecer a las policías estatales y municipales. Veamos por qué.

A fines de diciembre de 2017, en las postrimerías del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación dio a conocer en su “Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas” que casi nueve mil elementos estatales reprobaron las evaluaciones de control de confianza en todo el país y debían ser dados de baja. Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit encabezaban los fracasos. En la Península, Quintana Roo tuvo 17% reprobados de 76% evaluados; Yucatán, 12% de 70%, y sobresalió Campeche, con sólo 0.5 reprobados (el más bajo a nivel nacional) de 99.5 policías evaluados. Qué gran diferencia ahora con la gobernadora Layda Sansores.

Otros datos duros que dio a conocer la Segob en su diagnóstico “Modelo Óptimo de la Función Policial” del 2017, con base en 10 indicadores, fueron: A). El país tiene la mitad de policías preventivos estatales que, como mínimo, debería tener; B). Para cumplir el estándar de 0.8 agentes por cada mil habitantes, se debería reclutar y entrenar a 116 mil elementos para sumarse a los 120 mil que operan (operaban) en el país; C). En 13 estados, los policías recibían un salario inferior al “promedio nacional de referencia” (9 mil 933 pesos). Quintana Roo y Campeche andaban por los 13 mil pesos, en Yucatán percibían 12 mil 190 pesos.

Ese diagnóstico se actualizaba trimestralmente y se exhortaba a los gobiernos estatales a hacer un esfuerzo por otorgar a sus policías las mejoras y/o prestaciones laborales mínimas para brindarles estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades, y fortalecer la vocación de servicio y sentido de pertenencia a la corporación. En la Península, Yucatán fue pionero en poner énfasis en mejorar las condiciones de sus uniformados y le siguió Quintana Roo.

En su momento comentamos que el diagnóstico referido fue tardío porque, de haberse aplicado al inicio del sexenio de Peña Nieto, seguramente tendríamos ahora policías con mejor capacidad de prevención y combate a la delincuencia, lo que reduciría los factores de riesgo de la violencia y, sobre todo, dignificaría la labor policial, que es lo que se pretendía. El fracaso de la Gendarmería es una evidencia de esa mala decisión de abandonar a las policías para formar un cuerpo de élite.

Ahora, el Congreso modificó el artículo 21 de la Constitución, que define a la Guardia Nacional como una “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”. Realmente deseamos que todo este proceso signifique un golpe de timón en la estrategia de seguridad para remontar años de violencia y que el país inicie una nueva era de desarrollo en paz.

Anexo "1"

Algunos datos duros

La madrugada del pasado miércoles, el Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Guardia Nacional para que pase a ser controlada por la Sedena. Los elementos de las FFAA asignados a la GN dejarán de pertenecer oficialmente a su fuerza de origen, pero se les respetarán sus derechos laborales. Esto no aplica en el caso de elementos de la Armada. La iniciativa justifica la integración de elementos de las fuerzas armadas, argumentando que la “alta” capacitación y profesionalismo de la GN sólo podía obtenerse con personal de origen militar.

La reforma también realizó cambios al artículo 13 de la Constitución para que los elementos que integran a la GN sólo puedan ser juzgados por tribunales militares. Se plantea como objetivo dotar a este cuerpo de reglas claras para prevenir y “remediar” todo tipo de abusos y extralimitaciones de las autoridades en el ejercicio de sus funciones.

Entre enero 2019 y julio de 2024, la GN acumula mil 772 expedientes de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mientras que la Sedena, dos mil 280, según cifras del Sistema Nacional de Alerta de Violación a Derechos Humanos de la institución.