La terca esperanza, que como todos sabemos es la última que muere, salió viva de la reunión que los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvieron en Washington el jueves de la semana pasada.

Como se esperaba, los magnates estadunidenses del sector eléctrico fueron los que tuvieron la presencia más fuerte en las reuniones, que aprovecharon para expresarle al mandatario mexicano sus “dudas” sobre la política energética que está aplicando.

“Hay dudas y peticiones, y se ofreció resolverlas y atenderlas”, declaró el director de Pemex, Carlos Romero Oropeza, tras la ronda de negociaciones denominada CEO Dialogue.

Romero Oropeza reveló que en las reuniones se habló de cuantiosas inversiones en el sector energético y en este tema es donde el viaje del Presidente tuvo y tendrá su mayor importancia para Yucatán: Recuérdese que el gobierno de Rolando Zapata Bello, quien entregó la estafeta al actual gobernador panista, Mauricio Vila Dosal, llegó a anunciar que había poco más de una decena de proyectos de inversión que servirían para generar la energía eléctrica que es indispensable (además del ya también largamente prometido abasto suficiente de gas natural) para que el Estado consiga por fin el despegue industrial que requiere su creciente población.

Fuentes del sector privado consultadas tras las reuniones en Washington consideraron que hubo pocas cosas concretas en los anuncios que hicieron inversionistas y funcionarios, pese a lo cual ratificaron su confianza de que en esta recta final del sexenio (faltan poco menos de dos años para el cambio de mando federal, y ya empezaron los amarres entre partidos políticos) haya modificaciones en las posturas del Gobierno que permitan destrabar la conclusión o arranque de los proyectos de energía eólica o fotovoltaica.

También señalaron la paradoja de que el Gobierno hable de invertir de 140 mil a 150 mil millones de dólares para un programa de mantenimiento de sus plantas en todo el país, mientras que sólo ofrece a los inversionistas extranjeros un 3 o un 4% de las ganancias que dejen los complejos generadores que construirían en coinversión el Gobierno mexicano y capitalistas foráneos.

No tenemos inconveniente, precisaron los especialistas, en que la Sener (Secretaría de la Energía) sea quien se encargue de supervisar las condiciones del proyecto y tampoco nos oponemos a que la CFE ocupe el lugar de socio mayoritario, pero en ambos casos no se trata sólo de cobrar o ganar, sino que, como en toda sociedad, hay que aportar la parte que nos corresponde. No se vale, agregaron, que al inversionista privado se le exija dinero, la construcción de plantas o edificios, y el Gobierno ofrezca como su parte los permisos, las concesiones y otros trámites que forman parte de las obligaciones que le marcan las leyes.