El financiamiento que grandes empresarios yucatecos entregan a sus preferidos en la política –donativos a abanderados de dos a tres partidos, para asegurar– realmente no es algo nuevo en Yucatán. Muchos saben que gente del sector privado ha aportado desde hace muchos años dinero para las campañas políticas. No se necesita presionar demasiado, sólo dirigirse a las personas correctas, que son muchas, para conocer la historia de, por ejemplo, empresarios porteños que durante muchos años han financiado una, dos y hasta tres campañas de precandidatos diferentes; es desde luego un intercambio de dinero-financiamiento por concesiones de obras o de servicios, o favoritismos para obtener con esas facilidades ganancias arriba de lo “normal”.

Pero esta vez, según nos informó este periódico ayer, el panorama se complica y se hace más peligroso porque, afirman, en estos nuevos casos está involucrado el crimen organizado. Se detalla que la Sedena reveló que en Campeche funcionarios del Gobierno morenista están vinculados al crimen organizado y hay el grave riesgo de un aumento de la violencia, de acuerdo con reportes de Latinus, el canal de YouTube que, además de servir de refugio y de palestra privilegiada para dos periodistas que eran acérrimos críticos del actual Gobierno Federal –Víctor Trujillo (a) Brozo, el Payaso Tenebroso, y Carlos Loret de Mola, como ya todo mundo sabe–, funciona a manera de laboratorio de pruebas, campus universitario y Central de Inteligencia de investigación.

Las primeras versiones del caso, reveladas el 19 de enero por el Centro de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfise), afirman que autoridades estatales y municipales morenistas podrían estar vinculadas con carteles y grupos delictivos en esa región del país. El documento es una radiografía de la operación e infraestructura desde Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz (donde gobierna Morena), donde ha circulado un tríptico en el cual se identifica con nombres y apodos a los cabecillas regionales, aunque no se detalla qué políticos y funcionarios pueden estar vinculados.

Según correos revelados y con fecha, el documento señala entre las fuentes de la información al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfise nacional), que en documento con fecha del 19 de enero considera que hay autoridades estatales y municipales de Morena que podrían estar vinculadas con carteles y grupos delictivos de cada región del país.

Ya somos varios los editorialistas u observadores políticos que venimos advirtiendo que el sistema político mexicano está al borde de un colapso o desorden generalizado, lo que no beneficiaría a nadie, y mucho menos a los millones de pobres y pobres extremos a los que el actual presidente López Obrador prometió defender. ¿Qué haremos ahora si la información que divulga Latinus es cierta?