Por alguna razón hay un pánico en el Gobierno Federal con miras a las elecciones de junio. Por todos lados, desde las filas del partido oficialista hasta la tribuna mañanera, hay un miedo por el retorno de la oposición sólo equiparable con el miedo que “los del viejo régimen” le tenían a AMLO cuando lanzaron la campaña del “peligro para México”.

De esto podemos darnos cuenta en los llamamientos y spots del partido en el poder cuando piden a la ciudadanía -recordemos que estamos en plena campaña- que voten por Morena a carro completo, es decir, para todos y cada uno de los puestos de elección popular que se van a jugar este año. Vamos a dejar de lado el curioso hecho de que votar en todo por un solo partido contraviene el espíritu de pluralidad democrática que tanto impulsó la izquierda cuando era oposición o que implica, de seguirse al pie de la letra esa instrucción, que los votantes no ejerzan un voto por el candidato, sino por el partido (cosa que, lamentablemente, de todos modos sucede). En lugar de eso, enfoquémonos mejor en porqué el oficialismo partidista está desesperado por tener el control total de las cámaras. Al día de hoy, Morena y compañía tienen prácticamente el control del Congreso y sin embargo, no han realizado todas las reformas constitucionales o propuestas legales prometidas en la campaña de 2018. Sí, es cierto que en algunas ocasiones han sido frenados por la oposición, pero la mayoría de las veces ha logrado los cambios estructurales que considera pertinentes según su proyecto de nación.  ¿Por qué no han, entonces, impulsado todas las reformas profundas que requiere el país, en lugar de dedicarse a los cambios superficiales que no trascienden del impacto mediático? ¿Será que en realidad no quieren realizarse esas transformaciones o no saben cómo hacerlo? Quizás la revolución a cuentagotas sea la estrategia política elegida para mantener el poder y el favor popular.

Por otro lado, ya desde el púlpito presidencial, el Jefe del Ejecutivo Federal amaga con que, de ganar “los conservadores” la mayoría de escaños de la Cámara baja, utilizará su derecho de veto para frenar el retroceso que él asume significaría una derrota de Morena en las urnas. Curiosamente y en sentido jurídico, el Ejecutivo no tiene derecho de vetar reformas constitucionales, además que cualquier veto presidencial puede ser fácilmente superado por la votación de dos terceras partes del Congreso. Quien escribe estas líneas duda mucho que el Presidente, rodeado de un séquito de expertos jurídicos, no sepa de las limitaciones de sus facultades como primer mandatario, por lo que dado que lo sabe, la amenaza de veto no debe ser vista más que como un grito desesperado en contra de la oposición que, si quisiera ser una oposición real y dejara de jugar al circo en su caja de arena, podría ocupar lugares importantes en el Poder Legislativo. Probablemente AMLO tenga otros datos y su decreciente popularidad (que sí, se mantiene en números positivos, pero se encuentra muy lejana a la que tenía cuando inició su mandato) y la de su partido ya le empiece a dar dolores de cabeza.