Andrés Manuel no es, al menos políticamente hablando, ningún ingenuo. En temas jurídicos no tiene la última palabra y está muy lejos de entender cómo funciona el Derecho Mexicano (por más que muchos morenistas quieran verlo como un dios omnisciente que domina cualquier tema y que no se equivoca nunca), pero ciertamente la política y sobre todo la comunicación de esta, son áreas en donde pocos se encuentran a su altura.

Por ello, sería un error no desconfiar de la jugada éticamente cuestionable de “la Revolución”, también llamada cuarta transformación, que se dio en el Senado de la República en días pasados. Como seguramente ya sabrán, la alianza 4 teísta agregó repentinamente un artículo transitorio a la llamada reforma del poder judicial, que en pocas palabras amplía el tiempo de la actual presidencia de la Suprema Corte, así como de varios consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, máximo órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación. Es decir, con el artículo transitorio agregado por un senador del Partido Verde -aliado dese hace tiempo de Morena-, el Ministro Arturo Zaldívar ostentaría hasta el 2024 la Presidencia de la Corte, en lugar de terminar en el 2022, tiempo originalmente previsto para el fin de su gestión.

Esta extensión de mandato, sobra decir, es completamente inconstitucional. El artículo 97 de la Norma Suprema establece que cada cuatro años se cambiará la presidencia de la Corte, sin poder ser reelegido la o el Ministro saliente. Por más que Ricardo Monreal, jefe de la bancada morenista en el Senado, intente argumentar falazmente que un artículo transitorio puede extender este mandato, es obvia la inconstitucionalidad de la porción añadida, además de inmoral a todas luces, pues, en dado caso de que los legisladores quisieran combatir el artículo en comento, sería la propia Corte quien calificaría la constitucionalidad del mismo, haciéndola juez y parte.

Claro está que aún falta el paso de este polémico artículo por la Cámara de Diputados -donde puede ser revertido-, pero el sólo intento del oficialismo por tratar de legalizar un atropello a la Constitución es grave por sí mismo. Hay quienes aseguran que es un ensayo más para tratar de extender, en el momento oportuno, el mandato de AMLO en la presidencia. Independientemente de ello, para el autor de esta columna es también una muestra de poder de la maquinaria oficialista, pero asimismo una evidencia más de la incompetencia de la oposición que, con todo y que tiene los números en el Senado para impedir estos atropellos, votó “accidentalmente” a favor de la propuesta, en una vergonzosa muestra de mediocridad parlamentaria. Desde el 2018 -y no se ve que esto vaya a cambiar en las elecciones de este año- no existe una oposición seria y a la altura de las circunstancias en México.

Por cierto, tres senadores yucatecos votaron a favor de la propuesta; entre ellos están los suplentes de dos de los que hoy buscan la alcaldía de Mérida. ¿Este tipo de propuestas, posturas y descuidos debemos esperar para nuestra ciudad?