Desde que salió el Informe sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se han desencadenado una serie de hechos que vale la pena analizar. El subsecretario Alejandro Encinas reveló lo que todos ya sabíamos: lo ocurrido en septiembre de 2014 fue un Crimen de Estado, en donde el aparato gubernamental intervino o tuvo participación, ya sea directa o por omisión.

Los focos y la atención pública han estado hasta ahora sobre el ex procurador Jesús Murillo Karam, a quien se le adjudica la famosa “verdad histórica” que sostuvo que a los estudiantes los quemaron en un basurero, después de haber sido detenidos por integrantes de una facción del crimen organizado. La orden de aprehensión que se libró en contra de Murillo Karam señala que se le pretende enjuiciar por, entre otras cosas, utilizar la tortura como medio para obtener información de policías municipales de Iguala que les permitiera señalarlos como únicos responsables.

El autor de estas líneas no usará este espacio para defender al ex procurador, ni para afirmar tampoco que es culpable de los actos que se le pretenden imputar; eso queda ya en manos de la Fiscalía, los abogados defensores y el Juez. Lo que sí me queda claro es que Jesús Murillo Karam es, como en muchos otros casos, el chivo expiatorio del Gobierno para no enfocar las baterías en lo que deberían. A pesar de haber sido “responsable” de la famosa “verdad histórica”, este sujeto era -si acaso- una pieza más del engranaje gubernamental que movió la maquinaria del caso Ayotzinapa. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Salvador Cienfuegos, secretario de la defensa en el momento en que ocurrieron los hechos? El propio Informe presentado por Encinas señala que el Ejército tenía un miembro de la institución infiltrado en la normal y que incluso corrió la misma suerte que los normalistas. De hecho, se ha informado que las fuerzas castrenses de la región tenían conocimiento del posible paradero de los estudiantes y no actuaron, sino hasta días después. ¿Cuál será el discurso del Ejecutivo en ese sentido? ¿Se atreverá a investigar y señalar como igualmente responsable a la institución que ha favorecido y encumbrado más en lo que va del sexenio?

Por último, me parece que también se están desviando los focos del mayor de los males de este país: la delincuencia organizada. Más allá de las condenables acciones del Estado Mexicano, el Gobierno actual no reconoce que los grupos criminales siguen teniendo el control de zonas enteras del país, tal y como ocurría en Guerrero en septiembre de 2014. A lo mejor y por la buena voluntad o la integridad que presume el Ejecutivo, ya no hay verdades históricas ni investigaciones dirigidas y corrompidas, pero hasta por pura probabilidad y estadística existe la posibilidad de que, tarde o temprano, los actos del crimen organizado provoquen otra tragedia como la que sufrieron los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Y sí, eso también es responsabilidad directa del Estado Mexicano.