Para el próximo 5 de septiembre ha programado la Suprema Corte de Justicia de la Nación la discusión de dos proyectos interesantes: la Acción de Inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulado 136/2019, y el Amparo en Revisión 355/2021. Ambos son proyectos sólidos y precisos, pero parece que el 130/2019, a cargo del Ministro Luis María Aguilar, es bastante más amplio y progresista en sus alcances y efectos. Ambos, por cierto, tratan el mismo tema: la Prisión Preventiva oficiosa.

La legislación mexicana considera -correctamente- que deben existir mecanismos que aseguren la comparecencia de una persona en un proceso judicial. A esos mecanismos se le conocen como medidas cautelares, que van desde ir periódicamente a un sitio a firmar y “pasar lista”, imponer el uso de un brazalete electrónico que geolocalice en tiempo real a un individuo, hasta la prisión de forma preventiva. La naturaleza de estas medidas es precisamente asegurar la comparecencia del sujeto y no entorpecer la investigación, pero en ningún momento suponer un “castigo anticipado” o que la prisión se relacione con el tipo de delito investigado.

Estas semanas hemos visto también varios ejemplos del tema que abordamos. En primer lugar, Rosario Robles -acusada de participar en la famosa Estafa Maestra- sale de prisión tras tres años recluida sin que siquiera se haya continuado con su proceso judicial. Después de años de reclusión, los abogados por fin lograron convencer al órgano jurisdiccional que con retirarle el pasaporte e imponerle firmas periódicas era más que suficiente. Imagínense que Robles, al final de los finales, resulte inocente: usted disculpe.

También regresó a la opinión pública el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta. Se acordará usted por la serie de Netflix o porque hace diecisiete años se transmitió en vivo uno de los mayores montajes televisivos de la historia de nuestro país, en el que fuerzas de la extinta AFI entraban a un rancho a rescatar a víctimas de secuestro. En ese momento, miles de mexicanos vieron en tiempo real una de las tantas muestras de tortura que practica el Estado Mexicano y sus fuerzas del orden. Cassez tuvo la “fortuna” de contar con el apoyo político e internacional de su natal Francia. Israel Vallarta, mexicano en cambio, permanece en prisión después de diecisiete años sin contar siquiera con una sentencia. A la luz del sistema jurídico mexicano, en donde debe imperar la presunción de inocencia, una persona no declarada culpable lleva casi veinte años en una cárcel del Estado. Así, por cierto, hay poco más de noventa mil personas más en prisión y sin sentencia.

La Prisión Preventiva es una más de la lista de medidas cautelares; puede justificarse en determinados casos. Pero imponerla de oficio por el delito que se acusa abre la puerta a detenciones y acusaciones arbitrarias por parte de las autoridades. No tiene cabida en un Estado democrático y frustra -mas no sorprende- que el propio Presidente de la República apoye una figura que vulnera tremendamente los Derechos Humanos y hasta mande un comunicado a la Corte para pedirle que vote en contra de los proyectos presentados. La votación futura puede significar un verdadero cambio de paradigma en el Derecho Mexicano. Veremos qué pasa.