Pedro Castillo tomó posesión como presidente de Perú apenas en julio del año pasado. Es decir, su mandato duró un año y cuatro meses. Hay que decir que su presidencia no fue fácil: un Congreso dominado principalmente por la oposición impidió que Castillo pudiera desarrollar su proyecto político a plenitud, pues la inmensa mayoría de sus iniciativas era puestas en la congeladora legislativa sin reparo alguno. Es cierto también que el tema prioritario del Poder Legislativo peruano fue, desde la toma de protesta de Castillo, declarar su incapacidad para gobernar y removerlo del puesto que democráticamente le había otorgado la nación sudamericana.

Igualmente verdadero es que, dadas las presiones de su Congreso, el ahora ex presidente tuvo que integrar su gabinete con personajes afines a la oposición, lo que creó tensiones adicionales dentro de su propio Gobierno. Por donde se le quiera ver, este personaje ahora mundialmente famoso tuvo un paso pedregoso por la presidencia. Cansado de las presiones externas e internas, Castillo dirigió un mensaje a sus conciudadanos el pasado 7 de diciembre, en el que decretaba la disolución del Congreso, la instauración de un Estado de Emergencia y el establecimiento de un toque de queda nocturno en todo el territorio. Hay países que contemplan en sus constituciones la posibilidad de disolver un Congreso cuando hay diferencias insalvables entre el Primer Ministro y el Órgano Legislativo, con el fin de convocar a elecciones y que nuevos legisladores traten de colaborar con el Gobierno establecido; tal es el caso de las monarquías y repúblicas parlamentarias como Italia, Alemania, España y Canadá. No es, por supuesto, el caso de Perú. La nación sudamericana es un híbrido jurídico -rara avis- entre el sistema parlamentario y el presidencialista (este último es el que impera en México).

Al disolver el Congreso sin una causa constitucionalmente válida, Castillo ejecutó lo que se ha denominado un “auto golpe de Estado” con la intención -según él- de integrar un Congreso Constituyente que redactara una nueva Constitución para Perú. ¿Cuál fue el problema? Jurídica e idealmente, que al no tener las facultades para hacerlo rompe con el Estado de Derecho y se aparta del espíritu democrático cayendo en una especie de dictadura. Pero el problema de facto es que no contó con el apoyo de la Policía Nacional ni con el de las Fuerzas Armadas, por lo que el intento de hacerse con el poder de una vez por todas terminó en una penosa rabieta que le costó su reclusión, pudiendo ahora enfrentar varios años de prisión por delitos contra el orden Constitucional.

A miles de kilómetros de distancia, dos polos opuestos usan la desventura de Castillo como arma política. La oposición mexicana denuncia que Andrés Manuel quiere replicar el golpe de Estado mediante el “plan B” de una reforma electoral que innegablemente debilita a las instituciones democráticas, pero que dista mucho de disolver al Congreso. El oficialismo, en cambio, realiza campañas dispersas para recordar a la ciudadanía el porqué no se debe dar “voto cruzado” y aprovechando para promocionar a las “corcholatas”, mientras ridiculiza (sin esfuerzo) a la oposición. Si de algo sirve a Pedro Castillo su desgracia, al menos en México se volvió relevante para unos y otros.