Aunque ya se sabía desde el intento de Reforma a la Constitución en materia electoral, ahora se ha hecho evidente que la verdadera intención de López Obrador en cuanto al INE sí es favorecer determinado proyecto político en las elecciones de 2024. Como usted ya sabrá, apenas hace unos días la Corte admitió a trámite la Controversia Constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral, en contra del llamado “Plan B” que la mayoría oficialista en el Congreso aprobó y que, entre otras cosas, recortaba severamente el presupuesto con que el INE contaba para organizar las elecciones, además de que se inmiscuyó en la estructura interna y en la organización del instituto, obligando a este a despedir -de prosperar la Reforma- a miles de trabajadores del Servicio Nacional Electoral, personas altamente capacitadas para garantizar comicios democráticos, transparentes y fortalecidos. Pero la Corte (específicamente el Ministro Laynez) no sólo admitió a trámite la Controversia Constitucional, sino que concedió la Suspensión en contra del “Plan B”: es decir, mientras se ventila el proceso en la Corte las reformas en materia electoral que se impugnan quedan totalmente suspendidas, por lo que no podrán aplicarse.

Cualquier Gobierno democrático entendería que así son los mecanismos legales, y que la Corte es garante máximo del orden Constitucional en México. Luego entonces, que una reforma sea suspendida por tener afectaciones específicas no sólo sobre personas, sino sobre el funcionamiento del árbitro electoral, debería tomarse con tranquilidad y objetividad. Sin embargo, este mismo lunes anunció el presidente Andrés Manuel que hay un “Plan C” para contrarrestar las “movidas del Poder Judicial”: ni un voto al bloque conservador. Es decir, no se trata entonces de llevar austeridad a las elecciones, sino de minar lo más posible el apoyo a sus adversarios. Así, la postura del Primer Mandatario no es ya sólo política, sino partidista. Al ver temporalmente fracasado su intento por meter mano en el INE, el Poder Ejecutivo revela las que parecen ser sus verdaderas intenciones.

Claro, además no se quedaron atrás los ataques al Poder Judicial de la Federación, mencionando en su mañanera que los Ministros están al servicio de “los potentados” y no del pueblo. A lo mejor por eso, hace poco, un diputado del oficialismo presentó una iniciativa que plantea que los jueces, magistrados y ministros sean designados mediante elección popular. Imagínese usted los perfiles que postularía la maquinaria del Estado, en busca de un Poder Judicial más amigable y cercano al Ejecutivo.

Extra: y hablando de reformas, estos días también se presentó una, pero a nivel local, que busca que la Universidad Autónoma de Yucatán se eleve a rango de Órgano Constitucional Autónomo. ¿Pros? Ninguno. ¿Contras? Si nos apegamos estrictamente a los transitorios de la iniciativa, ninguno; ahora, si pensamos un poco mal, puede facilitar que el Congreso reforme e intervenga en la estructura Universitaria. Bien por la Uady y sus pronunciamientos en defensa de la Autonomía. Ojalá también lo hicieran cuando los partidos intervienen en las elecciones estudiantiles o se ven muy cercanos a puestos claves de la Universidad.