Entre el viernes y el sábado pasados, el Senado de la República aprobó una veintena de reformas, enviadas principalmente por López Obrador al poder legislativo, a fin de reforzar áreas que el partido en el poder (y sobre todo el Presidente) consideran esenciales.

Quizás las más importantes son las relacionadas con el Ejército, su participación en la vida civil y sus finanzas, pues gracias a diversos cambios a la normativa Federal, ahora las fuerzas armadas podrán, por ejemplo, adentrarse al sector turístico y administrar hoteles y servicios, principalmente en las zonas por las que pasará el tren maya. Por cierto, dentro de estas reformas se contempla el control indefinido del Ejército sobre el proyecto insignia del obradorismo en el sureste del país.

Poco a poco el Ejército va ocupando posiciones que antes estaban bajo control civil. ¿Podría hablarse, entonces, de una militarización? ¿Hay un retroceso de lo civil por lo militar? Cada uno tendrá su opinión, pero quien suscribe estas líneas no puede evitar pensar en cómo el Estado va dejando de lado la doctrina civilista que se consolidó en los cuarenta-cincuenta del siglo pasado, y va dando la bienvenida a una nueva doctrina castrense en el Gobierno.

Regresando a las reformas, entre otras cosas también se aprobó la desaparición del Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi). Recordemos que al principio del gobierno de AMLO se desapareció al Seguro Popular, instaurando un sistema que centralizara la salud pública evitando, supuestamente, la corrupción por insumos y garantizando además el acceso universal a los servicios médicos. Se prometió incluso que, para antes de que termine el sexenio, en México habría un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Y ojo, que esto se continuó repitiendo incluso tras la pandemia de Covid-19, por lo que es nula toda excusa que presente a la crisis mundial como impedimento para no haber cumplido la promesa. Se antoja imposible que en el tiempo que le queda al mandatario se logre tener tal sistema de salud.

Justo en este mismo espacio hablamos, en aquel 2019, que el Insabi y su centralización no eran la mejor respuesta a la crisis en el sistema sanitario mexicano. Se sintieron las consecuencias de la improvisación durante el Covid y hoy todavía no se avanza en garantizar plenamente este derecho humano a los mexicanos.

Pero quizás que el Insabi haya durado apenas 4 años y que el Ejército tenga más control sobre el espacio aéreo civil no sean los mayores problemas de lo ocurrido hace unos días. Quizás el verdadero tema es que, vulnerando el proceso legislativo, a los senadores del oficialismo (yucatecos entre ellos) les tomó en promedio quince minutos por reforma aprobar lo enviado por el Ejecutivo: parece que iban con ganas de legislar. Además, se atrevieron incluso a cambiar la sede del Senado temporalmente ante la amenaza de la oposición de frenar las reformas. Los cambios, como el tren, van porque van. Incluso si eso significa pasarse la propia Constitución por encima.