El día de ayer, 20 de noviembre, iniciaron formalmente las “precampañas” del proceso electoral 2024, mismas que concluirán el 18 de enero próximo, para dar oficialmente comienzo al periodo de campañas electorales que abarcará del primero de marzo al 29 de mayo del año venidero. Empezamos la parte, quizás, más movida del proceso electoral, ya que es en estos periodos cuando la ciudadanía tiene la oportunidad de analizar las propuestas de los partidos y candidaturas, y razonar su voto con miras a los comicios del domingo 2 de junio, día en que se elegirán, a nivel federal, un -o una- Presidente de la República, 500 diputados y 128 senadores.

La Ley en la materia (derivada del texto constitucional) estableció las bases de las precampañas políticas, con el espíritu de que estás sirvieran a los militantes y simpatizantes de los partidos para elegir al candidato que los habría de representar en las elecciones. Hoy, la figura de precampaña ha sido tergiversada y confundida, en un claro fraude a la Ley, sirviendo como una extensión de las épocas de campaña tradicional. El lector recordará seguramente que varias de las fuerzas políticas del país anunciaron a quienes serían sus precandidatos desde hace meses y, de forma cuestionable, impulsaron una serie de ejercicios o formaron alianzas que acabaron por exaltar candidatos definitivos en un momento electoral inoportuno. Así, ni siquiera había llegado el 20 de noviembre y algunas instituciones políticas ya habían anunciado a sus candidatos para las elecciones federales.

¿Pero por qué esto es importante? ¿Qué más da que se designen candidatos de manera anticipada? Hay varias cosas a tomar en cuenta.

En primer lugar, los partidos políticos tendrán (o ya tuvieron) un tiempo desigual para dar a conocer sus plataformas y candidaturas. Dado que cada uno inició procesos internos en momentos distintos, hay partidos con menor exposición temporal, lo que de plano considero que rompe el principio de equidad. Por otro lado, los recursos que los institutos políticos debían destinar a sus precampañas ahora las usan para la nueva modalidad de facto de la campaña extendida. Desde ya vemos a distintos personajes dar recorridos por el país como candidatos en los hechos (no en la Ley), aprovechando que basta con poner que sus mensajes sólo se dirigen a militantes y simpatizantes de sus respectivos partidos.

Es obvio que nos encontramos ante un fenómeno, si bien no nuevo, sí novedoso como tal para el sistema electoral mexicano. Será necesario legislar para acotar todavía más las definiciones de las etapas electorales y el sentido que estas tienen en el proceso (cuál es su propósito, pues), o de plano reformar las reglas para permitir que los partidos tengan una vida interna más libre, autónoma, con los riesgos que eso pudiese suponer. Cual sea el camino elegido, necesariamente tendrá que regularse este tipo de prácticas que, ya sea al amparo de interpretaciones diversas de la norma o ante un franco incumplimiento de las mismas, han permitido que los partidos (sea cual sea) vulneren de varias formas el proceso electoral, lo que podría acarrear consecuencias dañinas para la democracia mexicana y los principios electorales que bastante trabajo y luchas sociales ha costado construir