En estos días se elegirá (si hay consenso) a la abogada que ocupará el lugar que el malogrado ex ministro Arturo Zaldívar dejó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las tres candidatas, por supuesto, son perfiles muy cercanos al Presidente y su movimiento.

Recordemos que el señor Arturo Zaldívar terminaría de forma natural su encargo en 2024. Le faltaba un año para concluir una trayectoria de quince años como Ministro, pero prefirió renunciar para apoyar públicamente la candidatura de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República. De hecho, el Ministro quizá incurrió en responsabilidad cuando declaró en varias ocasiones su adhesión al proyecto de la candidata oficialista, siendo aún Ministro de la SCJN toda vez que el Senado no había aceptado su renuncia, tal y como lo marca la Constitución.

La consigna es clara: sí o sí la persona que ocupe el lugar de Zaldívar en el Máximo Tribunal Constitucional de México debe ser leal al Poder Ejecutivo y al cuatroteísmo. No es sorpresa entonces que las candidatas tengan como máximo logro jurídico (ojo, jurídico) ser personas del primer círculo oficialista. Una de ellas, por ejemplo, es Consejera Jurídica del Presidente -abogada del gobierno de AMLO, puesy, dado que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el reglamento de la Consejería Jurídica le dan a este puesto el rango de Secretaría de Estado, ni siquiera debería poder participar en la terna enviada por Andrés Manuel, pues incumple con un requisito de ilegibilidad. Vaya, hasta en someter a consideración del Senado unas candidaturas hay inconstitucionalidad.

Es curioso, entonces, que el objetivo del oficialismo sea el famoso “Plan C”, consistente en reformar al Poder Judicial Federal y hacer que los Ministros de la Corte sean electos por el voto popular. Ahora que AMLO tuvo la oportunidad de enviar perfiles verdaderamente idóneos e independientes para ocupar el puesto que dejó Zaldívar, prefirió optar por figuras incondicionales. ¿Este es su verdadero propósito, entonces? ¿Someter a la Corte a través de la innegable fuerza política de la figura presidencial? Porque, tal y como ocurre en el Congreso, nunca llegan los mejores perfiles, sino los más populares o aquellos que gozan del favor de los partidos políticos y son impulsados por las maquinarias de estos institutos. No dude usted que, de concretarse una eventual reforma al Poder Judicial, el político chapulín de siempre pueda llegar a uno de los asientos del Tribunal que tiene la última palabra en asuntos de trascendencia nacional, y que se encarga de defender la Constitución e interpretarla a la luz de los derechos humanos. Vaya futuro el que le espera a la Corte.

Extra: el triunfo de Milei en Argentina abre la puerta a un experimento político que, al menos sociológicamente, no deja de ser interesante. Milei se autopercibe como un político libertario y anarcocapitalista. Es decir, para el controversial sujeto el Estado es una ficción inservible y hasta perjudicial que debería desaparecer. Nunca una corriente política similar ha tenido la oportunidad de dirigir un país, al menos no en tiempos modernos. Será interesante cómo sorteará las contradicciones de sus propias tesis, y más aún, ver cómo logrará sortear los obstáculos o condiciones que impongan los demás agentes políticos. ¿Será viable su proyecto o apenas logrará durar un periodo presidencial?