El galimatías de Nuevo León no es más que un retrato fiel del estado descompuesto en que se encuentra la política mexicana. Haber tenido dos gobernadores y un Poder Legislativo que tira la piedra y esconde la mano está muy por debajo del nivel que los neoleoneses (y en general los mexicanos) merecen en cuanto a sus autoridades.

Hay que decir que Samuel García no tuvo las tablas, el colmillo, la experiencia para enfrentar las vicisitudes y obstáculos que se le presentaron. Promover amparos ociosos e interpretar la norma según sus intereses personales no me parece que haya sido la mejor forma de enfrentar la problemática, e incluso podría decirse que activar la maquinaria jurisdiccional en diversos frentes fue lo que, en parte, retrasó más de lo debido una salida del lío en que estuvieron metidos dos de los poderes del Estado.

Ahora bien, también es necesario reconocer que el Poder Legislativo actuó políticamente de mala fe respecto al nombramiento del Gobernador interino que supliría a Samuel García durante su licencia de seis meses. Los ciudadanos del Estado del norte habían elegido en las urnas a un candidato con una plataforma específica, mostrando su rechazo a quienes controlan el Congreso del Estado, al menos en lo concerniente a encabezar la administración pública. En respeto a los principios democráticos y en apego a la voluntad popular, lo conducente era nombrar a un Gobernador afín al proyecto político escogido por la ciudadanía. ¿Podía el Congreso elegir a persona distinta a la propuesta por el Gobernador constitucional? Por supuesto, la Ley establece que corresponde al Legislativo nombrar al Gobernador interino. Pero una cosa es la Ley, y otra la congruencia y decencia política. Si el Congreso nombraba a alguien propuesto por Samuel García, cumplía con la Ley y con los principios políticos de respeto a las decisiones de la ciudadanía.

Así, el conflicto consistió en una lucha entre lo legal y lo político, en donde ambos aspectos midieron sus fuerzas siendo utilizados incorrectamente tanto por el Gobernador constitucional como por el Poder Legislativo.

Al final, no podemos decir que uno triunfó por sobre otro. Al aceptarse el regreso de García a la Gubernatura y dar por cancelada su licencia, los procesos judiciales pendientes se sobreseerán al haber quedado sin materia y no sabremos, al menos en cuanto a este asunto, si la razón jurídica la tendría el Congreso o el Gobernador electo por los ciudadanos.

Después de esta vergüenza política mexicana, podremos al menos sacar varios aprendizajes. Es necesario reformar y rediseñar la mecánica de licencias y reincorporaciones de servidores públicos, especificando procesos y tiempos. Además, es bueno que la ciudadanía vea y califique cómo se comportaron los distintos actores políticos, quienes prefirieron sus aspiraciones políticas, por un lado, y su imposición a la mala de lo que perdieron en las urnas, por el otro, antes que la certeza y los intereses del pueblo de Nuevo León.