La reforma al Poder Judicial resulta inminente; tanto el Presidente de la República como la Presidenta electa han manifestado, en mayor o menor medida, sus deseos de que sea aprobada prácticamente en los términos en que se envió al Congreso el 5 de febrero pasado.

De hecho, ya van avanzando las modificaciones a la legislación secundaria con miras a transformar el Poder Judicial y los procesos jurídicos en México. Hace unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación a la Ley de Amparo, que, entre otras cosas, prohíbe que se concedan suspensiones con efectos generales tratándose de procesos contra normas. Es decir, ya no podrán haber casos en que una suspensión derivada de un amparo beneficie, por ejemplo, a toda una comunidad que sufra los efectos de la misma norma, sino que ahora cada quien tendrá que promover su propio juicio. Esto no solamente implica que quienes no puedan costearse un abogado no podrán protegerse, sino que además hace materialmente inviable beneficiar a cualquier persona, pues si esa suspensión beneficia circunstancialmente a otros, no podrá otorgarse.

El meollo de la Reforma está en la elección de Ministros, Magistrados y Jueces federales por medio de la votación popular. Ahora los juzgadores se dedicarían, además, a hacer campaña política para ganar el favor de los votantes y obtener el puesto, independientemente de si son o no los mejores perfiles para ejercer el cargo. Vaya, pues, que aquello que le reprochamos a los legisladores ahora lo tendremos en jueces. Además, hay peligro en que se tomen decisiones judiciales dependiendo de si son populares o no para el electorado, también con independencia de que estén o no apegadas estrictamente a Derecho.

Claro que hacen falta reformas al Poder Judicial y al Juicio de Amparo. Podría reformarse, por ejemplo, que el Presidente de la República en funciones -sea quien sea- pueda ser sancionado por el incumplimiento de una orden judicial, una sentencia de amparo, o una suspensión, tal y como puede sancionarse al resto de las autoridades administrativas. O podría reformarse que los efectos de las suspensiones verdaderamente impliquen una protección en contra de los actos de autoridad, y no sean (como en ocasiones sucede) meros formalismos en papel que ningún impacto tienen en la esfera jurídica de las partes o en las actuaciones de la autoridad.

La reforma al Poder Judicial, necesaria como las reformas que también requieren los otros dos poderes, debería implicar un diálogo real entre la clase política (incluyendo a los electoralmente vencidos) y la ciudadanía, escuchando especialmente a los especialistas en la materia, para no ser como aquellos que sin haber plantado jamás un árbol en su vida, quieren decidir cómo cultivar mejor hectáreas ociosas. O como aquellos que sin saber de aeronáutica, espacio aéreo y seguridad en los vuelos, decidimos sobre la mejor disposición de tres aeropuertos.