Ayer, 3 de diciembre, celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una oportunidad de reflexión para ir cerrando la brecha que nos separa de la inclusión plena a la que deben de tener acceso.

Según la OMS, se calcula que a nivel mundial un 16 por ciento de la población vive con alguna condición de discapacidad y que en América Latina la cifra llega a unos 66 millones de personas.

Aunque ciertamente se han registrado avances en el reconocimiento de sus derechos, aún persisten desigualdades en el acceso a la salud, la educación y el empleo, todavía siguen enfrentando barreras físicas, sociales y económicas. En muchos sitios no se tiene infraestructura accesible, no se cuenta con formación especializada de parte de prestadores de servicios, sufren estigmatización, discriminación y la pobreza ahonda aún más sus dificultades para prosperar y obtener mayor bienestar.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 185 países han firmado la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin embargo, la implementación tiene graves rezagos.

Hace años, la ONU, la Oficina Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, lanzaron la estrategia para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza y la integración social de las personas con discapacidad conocida como RBC, que ya se aplica en por lo menos 90 países con estrategias encaminadas a promover la igualdad de oportunidades y lograr una mayor participación de las personas con discapacidad en los diversos ámbitos de la sociedad.

Han desarrollado guías con un enfoque flexible, dinámico y adaptable a las diversas condiciones culturales y socioeconómicas de cada país o a sus sistemas políticos, logrando que de esta forma trascienda el empoderamiento de las personas y de sus familias para conseguir medios de subsistencia, participación activa en la comunidad y la inclusión tan solicitada.

En dicha rehabilitación comunitaria todos los actores son importantes: la persona en sí, su familia, las organizaciones civiles y gubernamentales en pro del desarrollo, aplicando como ruta de acción la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, aunque la senda que marcan es muy buena, por limitantes de toda índole no han logrado acabar con la problemática.

Dichas guías abarcan un público extenso, pues se dirigen específicamente a administradores de la rehabilitación, a trabajadores de atención primaria de la salud, maestros de escuela, trabajadores sociales y de desarrollo comunal, organizaciones que atienden personas con discapacidad, grupos de autoayuda, funcionarios de Gobierno, investigadores y académicos, entre otros, y los interesados en primer lugar, las personas con discapacidad y sus familiares.
La buena noticia es que en Yucatán existen organizaciones que están muy bien articuladas, comparadas con otras similares, nacionales e internacionales, y que están trayendo los mejores avances en inclusión de los que tienen conocimiento.

Hay mucho aún por hacer y lograr si vemos la Discapacidad como una oportunidad, sólo hay que poner voluntad y los recursos llegarán.