La sentencia que el juez Brian Cogan dictó en contra de Genero García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el mandato de Felipe Calderón, incluyó una valoración sobre los dos perfiles que posee el sentenciado: por una parte, era el super policía de México y, por otra, era un gran colaborador del crimen organizado. En el dictado de sentencia el juez dirigió una reflexión al ex funcionario mexicano, que puede ser resumida en dos frases: “usted tiene una doble vida, vestirá muy elegante, podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”, “tiene más de treinta premios, algunos dicen que fue policía del año. Esto no hace más que confirmar que esa es una de sus dos vidas. Es su cortina de humo, es lo que aprovechó para facilitar todos los otros crímenes horribles”.

El destino de García Luna evidencia dos cosas. La primera de ellas es la debilidad del sistema político y gubernamental mexicano para elegir a servidores públicos competentes en el desempeño de sus funciones, asumiendo que competencia implica probidad. El caso de corrupción y crimen del ex secretario de Seguridad Pública es el más escandaloso de los últimos años, pero no el único. El catálogo de errores cometidos en la designación de responsabilidades públicas es amplio, pero ello no ha llevado a la creación de sistemas exhaustivos para vigilar el proceder y desempeño de funcionarios de alto nivel. El cobijo de ser “cercano colaborador” tiene sus grandes ventajas.

Lo otro que queda en evidencia es la falta de garantías sobre le ética de servicio público que poseen quienes fungen en el servicio y función pública. ¿La cercana colaboración es sinónimo de suficiencia ética? No tenemos mecanismo para poder asegurar que las personas encargadas del servicio público tienen los elementos fundamentales para brindar servicios orientados por la demanda de los ciudadanos. Existen códigos de conducta y ética, organismos sancionadores, pero todos se mantienen en el campo de la normatividad, mecanizando el comportamiento ético. ¿Se han sentado las bases de una cultura de ética institucional? ¿Podemos verificar que nuestros servidores actúan desde el marco de la ética aplicada de la administración pública? ¿Podemos asegurar que conocen las particularidades de la ética en la gestión pública? Sin una interiorización de la cultura ética las personas que están en el servicio público son más proclives a cometer actos de corrupción, quedan más expuestas a cumplir en el servicio público “lo que realmente cuenta y se ve” y transgredir las “cosas que nadie ve y nadie siente”.

En este sentido, la responsabilidad está también en las autoridades de mayor nivel que tienen la capacidad de delegar autoridad y mando, construyendo así la jerarquía de poder de su administración. En este proceso muchas veces se omiten los perfiles técnicos necesarios y se da por sentado que las personas designadas actuarán correctamente tan solo por la relación que guardan entre ellas. El no asumir esa responsabilidad, como lo hizo inmediatamente Felipe Calderón al saber de la sentencia contra García Luna, es otro gran pendiente de nuestro sistema.