En los últimos meses hemos sido testigos de la crisis política-institucional entre dos poderes del Estado mexicano: el Poder Ejecutivo Federal (PEF) y el Poder Judicial Federal (PJF). El Ejecutivo alega que el Judicial abusa de los recursos con los que cuenta, en particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No olvidemos que la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal menciona a la Suprema Corte como su máximo órgano. Es decir, es parte integrante del PJF.

Según datos del Inegi, en 2021, el PJF contaba con 53,160 servidoras y servidores públicos, del total, 3,725 (7.0%) estaban adscritos a la SCJN, 1,830 (3.4%) al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 47,605 (89.6%) al Consejo de la Judicatura. Del total de personal, 50.2% fueron hombres y 49.8%, mujeres. Asimismo, 39,973 servidoras y servidores públicos se encontraban adscritos a órganos jurisdiccionales y 13,187 a órganos y/o unidades administrativas.

El PJF disfruta de varios fideicomisos ad hoc para beneficios de poco más de 1,567 empleados. 11 ministros, 880 magistrados, 676 jueces y 6 miembros del consejo de la judicatura. Son más de 21,000,000,000 de pesos. Con los jugosos salarios que perciben no necesitan mayores prestaciones laborales a cargo del erario público y en detrimento del pueblo de México. El Ministro (a) Presidente de la Corte es uno de los funcionarios mejor pagados en el mundo. En un país con niveles de pobreza como México, esto representa una afrenta al pueblo. Los trabajadores medianos y de base no disfrutan directamente los beneficios de esos fideicomisos.

Es verdad que la justicia no debe estar al servicio de nadie, ni ricos ni pobres, sino de quien tiene la verdad jurídica. La actividad jurisdiccional no tiene porque ser democrática, su único compromiso debe ser con la justicia y legalidad.

El Poder Legislativo Federal ha desaparecido la mayoría de los fondos o fideicomisos donde los beneficiarios eran los integrantes del PJF, incluido su máximo cuerpo colegiado: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de ahora en adelante “no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente”.

Los recursos remanentes de dichos fideicomisos, así como productos y aprovechamientos, deberán ser enviados a la autoridad que se encarga de la tesorería para efectos de su manejo y, posteriormente, ser integrado como parte del gasto publico. Es decir, se pone a disposición para el gasto público.

El propio PJF está por plantear una controversia ante el Tribunal Constitucional en torno a los fondos eliminados, empero dicho Tribunal deberá excusarse de conocer por tener interés directo en el asunto, bajo el principio que no se puede ser juez y parte. En este tema la justicia debe ser supranacional, porque hay intereses de poderes del Estado. En virtud de esta crisis constitucional en puerta, proponemos que sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien conozca el asunto y emita una resolución consultiva. Las partes deberán aceptar el sentido de la resolución en cuestión.