La responsabilidad del Estado con los ciudadanos es un pilar fundamental para cualquier sociedad próspera y equitativa. En ese sentido, la atención y protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no sólo es una obligación ética de las autoridades, representa una apuesta de bienestar y desarrollo nacional.

Resulta esencial reconocer que el cuidado de la infancia es una causa que debiera trascender las divisiones políticas y devenir, por sí sola, en un crisol de unidad. A la par, en el ámbito político y gubernamental, el abordaje de los Derechos de la Niñez no sólo debe responder a una estrategia ligada a eslóganes de campaña y modas, sino al cumplimento del bien común, las máximas humanitarias y una verdadera vocación de servicio.

La educación, por ejemplo, no sólo es la clave para el desarrollo individual, también es un motor de progreso económico. La inversión en la calidad educativa, garantizando su accesibilidad y calidad, no únicamente eleva el nivel de conocimiento de las generaciones futuras, sino que fortalece la competitividad de nuestra nación en un mundo cada vez más exigente.

La salud infantil es otro aspecto crucial: un niño bien atendido en términos de salud física y mental es más propenso a convertirse en un adulto feliz, pleno y productivo que, además, puede aportar todo su potencial a la sociedad en la que vive. Aquí, la intervención gubernamental no sólo implica la disponibilidad de servicios médicos, también la implementación de medidas preventivas, acompañamiento, medición y evaluación de las estrategias.

Proteger a los niños contra la violencia y el abuso no es sólo un imperativo moral, también una inversión en la construcción de una sociedad de paz y justicia. La prevención y atención adecuada en casos de maltrato infantil no sólo salva vidas, además evita consecuencias a largo plazo que pueden afectar el desarrollo personal, la productividad y estabilidad emocional de los individuos.

Es imperativo destacar que estas medidas no implican un aumento desmedido del gasto público, más bien una asignación inteligente de recursos. La eliminación de barreras para la igualdad de oportunidades y la lucha contra la pobreza infantil son inversiones que generan un retorno social de gran valor, ya que, al empoderar a los ciudadanos jóvenes se fortalecen los pilares de una sociedad que evoluciona en materia de derechos, obligaciones y responsabilidades compartidas.

Abogar por los derechos de los niños no es un acto impulsado únicamente por ideales progresistas, modas o campañas electoreras, constituye un ideal colectivo de protección, salvaguarda y construcción del propio futuro que tenemos y deseamos como sociedad.

En la toma de decisiones gubernamentales, resulta esencial recordar que la inversión en los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es la apuesta máxima por el presente y futuro del país, en donde reposan los ideales, pero también los sueños de un mejor porvenir. Por las niñas, niños y jóvenes de México. ¡Menores de edad, pero no en derechos!