El pasado viernes 12 de julio conmemoramos el Día del Abogado, celebración que a nivel internacional se recuerda el 3 de febrero y que en algunos países se observa en fechas diferentes, con el objetivo de reconocer a los profesionales del área jurídica.

La historia de esta efeméride en nuestro país se remonta al año 1960, en el que el Diario de México solicitó al presidente Adolfo López Mateos estableciera oficialmente el Día del Abogado, quién instituyó legalmente esta efeméride el 12 de julio, a razón de qué en esa fecha, pero de 1953, se dictó en la Real Universidad de México la primera cátedra de Derechos en América, denominada “Prima de Leyes Instituta”.

Los antecedentes más remotos de la figura del Abogado, los encontramos en la Roma antigua, en la que se acudía a los advocatus, voz derivada del latín ad auzilium vocatus, que significa el llamado para auxiliar, y es la persona que acude para defender los derechos e intereses de su representado ante los tribunales competentes. En esos ayeres, se consideraba que los Abogados para poder ejercer, debían ser personas con una imagen de rectitud y honorabilidad intachables, para ilustrar a sus defendidos, arrancándolos de las garras de la ignorancia y de la injusticia, a fin de evitar el abuso de los poderosos.

Los derechos humanos y las libertades fundamentales han estado siempre presentes en la vida de la humanidad, pero es hasta que son reconocidos por el derecho nacional e internacional, cuando se presenta la necesidad de su protección y defensa ante las instancias administrativas y jurisdiccionales correspondientes, en cuyos procesos se debe resolver con legalidad y justicia.

Las páginas de la historia registran que los Abogados son los que más arduamente han colaborado en ese reconocimiento, protección y defensa de tales prerrogativas fundamentales, ya sea a través de su contribución en la generación de normas y leyes que defiendan a los desprotegidos o a la sociedad en general, como en la vigilancia y participación en el cumplimiento del “debido proceso”, el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido como “…el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera”.

Es por ello, que aprovecho este espacio para hacer un reconocimiento a aquellos Abogados y Abogadas de honorabilidad intachable qué, sin duda, son bastión inexpugnable para la defensa y el respeto de los derechos humanos de nuestra sociedad, así como la fortaleza imbatible para hacer una realidad el Estado de derecho.

Mis congratulaciones a las y los Abogados en su día y todos los días, en el ejercicio noble y leal de su profesión, que coadyuva en la protección y defensa de los derechos humanos y en la generación de una mejor cultura de paz.