Casi todos los países del planeta reconocen como un instrumento útil para avanzar en la descarbonización de sus economías, en concordancia con el objetivo del Acuerdo de París, la imposición de un precio al carbono, y están implementando este mecanismo de diferentes maneras, a diferentes escalas e intensidades, por lo general mediante la emisión de políticas públicas en combinación con medidas normativas y regulatorias más estrictas, cuya exigencia se incrementará gradualmente en los años por venir.

La diversidad de medidas, trae como consecuencia la dificultad de estandarizar, medir y evaluar el desempeño de cada país y su progreso hacia las metas. Algunas medidas imponen precios específicos a las emisiones de gases de efecto invernadero medibles y comprobables, pero otras imponen costos implícitos derivados de las tareas que cada entidad responsable tiene que implementar para cumplir con la normativa.

La compañía Gro Intelligence, en asociación con Kepos Capital, ha desarrollado un indicador al que han llamado Gro-Kepos Carbon Barometer, para monitorear las políticas globales de precio al carbono y medir el desempeño de los países. Si el precio obtenido es positivo, quiere decir que quien emite gases de efecto invernadero paga un precio por hacerlo, pero si es negativo, significa que el país tiene políticas tan relajadas, que implícitamente está subsidiando las emisiones. De acuerdo con la última actualización de este indicador, con fecha 5 de mayo de 2023, México ocupa el sitio 23 de 26 países evaluados, con un subsidio neto al carbón de 30.45 dólares por tonelada de CO2 equivalente emitida a la atmósfera, y dos terceras partes de este subsidio neto, es decir 20.27 dólares, se han incrementado en los últimos 5 años.

Las emisiones totales de México, alcanzan los 374 millones de toneladas de CO2 pero su intensidad de emisiones con respecto al PIB es de 0.29 kg de CO2 por cada dólar de su Producto Interno Bruto, siendo más bajo que el promedio global de 0.35 kg CO2/$USD, lo cual quiere decir que imponer medidas más estrictas para quien emite gases de efecto invernadero, y por lo tanto mayor costo, quizás no tendría un efecto sensiblemente negativo en la economía, ya que la generación de riqueza no es altamente dependiente de las emisiones, acabando con aquel viejo paradigma de que para crecer económicamente, necesariamente tendría que incurrirse en una mayor cantidad de emisiones de GEI. Simple y sencillamente, estamos siguiendo una estrategia equivocada.

Y es equivocada, porque subsidiar las emisiones para presuntamente incentivar la producción, podría acarrear mayores costos en el mediano y largo plazo, ya que los países que sí tienen un precio positivo al carbono, como los integrantes de la Unión Europea, que cada día imponen medidas más estrictas como por ejemplo la serie de medidas legislativas conocidas como “fit for 55 package” que persiguen reducir en 55 por ciento sus emisiones al 2030, van también acompañadas de medidas como el “Carbon Border Adjustment Mechanism”, que no es otra cosa más que un impuesto a la importación para evitar que bienes producidos en países con acciones climáticas menos ambiciosas compitan injustamente con los suyos o que sus empresas decidan relocalizarse en dichos países. ¡Es necesario recomponer el camino!