En julio de 2018 la gentil estudiante de leyes Frida Ikram Rodríguez Sosa, en ese entonces integrante de mi despacho profesional, me invitó a la clausura de cátedras en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady). La ceremonia académica se verificó en amplio salón del edificio Siglo XXI, y en ese lugar contemplé unos 200 alegres jóvenes de uno y otro sexo que esa noche egresaron de mi antigua escuela de jurisprudencia.

Intrigado por el elevado número de los nuevos profesionales, por medio del Internet indagué cuántas universidades imparten la carrera de derecho en Yucatán. La respuesta fue un número enorme. Entre esas instituciones vi a la Uady, la Universidad Modelo, la Anáhuac Mayab, la Universidad Marista, la Universidad del Valle de México (UVM) y la Universidad Vizcaya de las Américas (UVA).

Y seguimos: la Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA), la CTM, la Felipe Carrillo Puerto, la Escuela Bancaria y Comercial, la Universidad Interamericana para el Desarrollo (Unid), la Universidad Latino, la Universidad Valle del Grijalva (UVG), y también la Universidad Modelo, campus Valladolid. Hay varias más, pero así lo dejamos; no se trata de hacer una lista exhaustiva.

¿Cuántos abogados producirán anualmente esas escuelas? No tengo la menor idea, pero, son muchísimos los profesionales de las leyes que cada año se incorporan al foro yucatanense.

Esta circunstancia me hizo rememorar mis estudios en la entonces Facultad de Jurisprudencia. En el primer curso, iniciado en 1964, coincidimos alumnos procedentes de la única escuela preparatoria de la Universidad de Yucatán, del Centro Universitario Montejo (CUM), de la Preparatoria México y del Colegio Teresiano. Los cuarenta y tantos estudiantes fuimos acomodados en el salón más grande de la Facultad, pomposamente llamado Aula Magna. En los demás cursos apenas había de cinco a diez aspirantes a discípulos de Justiniano.

Al año siguiente éramos menos, pero había dos o tres educandos más de los que podía alojar el salón que se nos asignó. El primer día lectivo de septiembre de 1965 el maestro de Derecho Constitucional, caballero de edad madura, gesto adusto (nunca lo vimos sonriente o risueño) e intachable conducta profesional, procedió al consabido pase de lista y al concluirlo exclamó muy serio: “32 estudiantes de derecho. ¡Qué barbaridad! ¡32 nuevos abogados! ¡32 muertos de hambre! ¡No va a haber trabajo para tantos!”

El impacto que nos causó esa expresión fue diverso, hubo quien la tomó muy en serio y otros, la mayoría, la celebraron con risas. Afortunadamente no todos mis compañeros se dedicaron al litigio profesional o se integraron al servicio público, muchos de ellos han tenido éxito en otras actividades. Y ninguno se arrepintió de estudiar la hermosa carrera de abogado. Hasta el próximo tirahulazo.