Los hechos recientes en que se han visto involucrados elementos de las policías estatal y municipal, así como la reacción de algunos sectores de la sociedad, deben movernos a la reflexión, pues más allá de la gravedad de los casos, en los que se lamenta la pérdida de vidas humanas, es necesario que la sociedad no se polarice ni retire la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad pública. 

Se ha dicho, y con razón, que una policía que no goza de la confianza de los ciudadanos no puede hacer bien su trabajo, pero esa confianza debe generarse con acciones y conductas que la gente perciba y que la hagan sentirse segura en su hogar, colonia, ciudad y Estado. Esto se había ganado desde hace varios años cuando se presumía a Yucatán como la entidad más segura del país. 

De hecho, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del primer trimestre de este año, levantada por el Inegi, reveló en el rubro “Niveles de percepción sobre la confianza que la sociedad manifiesta respecto a las autoridades” que 84.3% de los encuestados calificaron de “efectivo” el desempeño de la policía de Yucatán (el mejor registro a nivel nacional) y la municipal tuvo el 69.4%. Marina y Ejército encabezaron la lista con 89.2% y 85.9%, respectivamente. 

No se trata de minimizar el abuso policiaco, las detenciones arbitrarias, la tortura, los levantones, etc., pero tampoco sobredimensionarlos. Como ciudadanos debemos condenar tales acciones y exigir castigo a los responsables por parte de las autoridades, quienes deben informar puntualmente a la población, porque tergiversar o justificar los hechos en nada abona a generar esa confianza que requieren las corporaciones de seguridad. 

Un ejemplo es el caso de un capitán de la Armada cesado esta semana como secretario de Seguridad Pública de Baja California Sur, luego de ser detenido en estado de ebriedad realizando disparos con pistola. La Semar y el Gobierno del Estado acordaron su destitución y, al día siguiente, el capitán (que había tenido un desempeño destacado) ofreció una disculpa a la población y al personal que estaba bajo su mando. Con ello evitó dañar más la imagen de la institución. 

Volviendo a las policías, varios autores (Cinthya Lum y Dan Nagin, 2015) consideran que hay dos principios básicos que deben guiarlas: prevenir el crimen poniendo mayor énfasis en actividades disuasivas del delito, y promover la confianza de los ciudadanos en sus estrategias y establecer canales de comunicación y retroalimentación. Un caso concreto fue la detención casi inmediata de los autores del crimen de una mujer y un policía en Yucatán, a mediados de julio pasado, lo cual motivó el reconocimiento de la población y se destacó la colaboración de la ciudadanía en la denuncia y al aportar pruebas. 

Esto es lo que se requiere para generar un entorno seguro. Estamos ciertos de que por cada elemento negativo hay cientos o miles que tienen vocación de servicio, que arriesgan la vida al cumplir con su deber de protegernos. Devolvámosles la confianza.

Anexo "1"

Militares en las policías

En relación al caso de BCS, desde 2013 nos hemos referido a la seguridad en manos de militares, y entre otras cosas mencionamos quenunca hemos entendido el porqué marinos y soldados aceptan (¿o buscan?) formar parte de cuerpos policiales.

En la Armada se consideraba que era un retroceso en sus carreras, dicho esto con el respeto que nos merecen los buenos policías. La incrustación de militares en esas labores no es reciente, desde hace décadas se les ha comisionado en labores de seguridad pública y actualmente muchos cumplen esa responsabilidad en estados y municipios.

Sin embargo, varios de los que han optado por ser comandantes o directores de seguridad pública han salido mal librados. Quintana Roo es un ejemplo con dos almirantes: Gerardo Olavarrieta León (que se vio obligado a dejar el puesto) y Miguel Ángel Ramos Leal. En Guerrero, el almirante Sergio Javier Lara Montellano tuvo un paso efímero por la Secretaría de Seguridad Pública, que dejó en 2014.

Sólo en el periodo 2004-2019 había 60 militares como secretarios de seguridad pública en 28 estados (46 del Ejército y 14 de la Armada). La tendencia crece, lo que indica que dan resultados.