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Hace nueve años, la noche del 19 de marzo de 2010, dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey salían de la biblioteca hacia una de las casas de alojamiento cuando se registró un enfrentamiento entre delincuentes y militares; los jóvenes fueron confundidos por los soldados, que los abatieron. La investigación determinó que a los estudiantes de excelencia les sembraron armas para acusarlos de ser sicarios del grupo criminal.

El pasado martes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció a los padres de los estudiantes y a la comunidad del Tec, una disculpa pública; se criticó el silencio del Ejército en esa disculpa del Estado mexicano. No fue el primer caso en que las fuerzas armadas han admitido tortura o muertes de civiles, y no es solo el homicidio, sino la criminalización posterior de familiares. Dos ejemplos recientes:

El 24 de marzo de 2018, en Tamaulipas, una familia que viajaba en un vehículo fue impactada por disparos de un helicóptero de la Armada en un enfrentamiento con criminales; falleció una mujer y sus dos hijas, el padre resultó herido y un niño, ileso.

Una indagatoria de la extinta PGR determinó la responsabilidad de la Marina que, mediante un comunicado, lamentó los hechos y asumió “la responsabilidad social, no obstante que fue un hecho circunstancial originado por delincuentes”.

En febrero de 2015, un video subido a redes sociales mostró a dos militares y a un policía federal torturando a una mujer en Ajuchitlán, Guerrero. La Sedena confirmó que eran parte de sus fuerzas, fueron detenidos y procesados. El 16 de abril de 2016, el entonces titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos, ofreció una disculpa pública por la tortura en que estuvieron implicados los soldados.

La violación a los derechos humanos ha sido una de las principales causas de la oposición a la Guardia Nacional, vista como una militarización de la seguridad pública. Y es que, según datos de la CNDH, de diciembre de 2006 a diciembre de 2018, dirigió 125 informes a las fuerzas armadas por violaciones a derechos humanos; 36 fueron por asesinato, con 83 víctimas.

Tanto la CNDH como las ONG señalan que las disculpas públicas –práctica iniciada el 21 de febrero 2017, cuando tres otomíes, Jacinta, Teresa y Alberta, las recibieron de la entonces PGR, encarceladas injustamente tras ser acusadas de secuestrar a 6 policías federales– no son suficientes, y casi siempre, ni la reparación del daño. De hecho, las familias de las víctimas transitan por un largo camino de agravios.

Sí es relevante la disculpa pública porque reivindica los derechos de víctimas y familias, es un reconocimiento de la inocencia; se dignifica a quien se le interrumpe su proyecto de vida y muchas veces se le estigmatiza.

Pero, como en el ámbito familiar y personal, ofrecer una disculpa debe ser un acto de fe, voluntario, digamos hasta con arrepentimiento (para que no vuelva a suceder), no mandatado por autoridad judicial. Hay un largo camino por recorrer en este tema.

Anexo “1”

Agravio a marinos mercantes

Marinos mercantes exigen una disculpa a la Secretaría de Marina y a las demás autoridades involucradas en el arresto de marineros en Dos Bocas, Tabasco, acusados de ser “huachicoleros” de altamar.

Lo anterior, después de que los detenidos fueron dejados en libertad. Además, Enrique Pacheco Georges, secretario General de la Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante, dijo que amerita que se paguen las afectaciones a las empresas, por los días-puerto por la retención de las embarcaciones. “Se demostró y comprobó toda la documentación de que los certificados de las embarcaciones y facturación estaba en regla, es un error del representante de la Marina”, acusó.

Y el capitán Fausto Rivera Rodríguez, presidente del Frente de Marinos Mercantes del Puerto de Veracruz, dijo que los afectados merecen “una disculpa pública por haber expuesto a los colegas marinos mercantes, que lo hagan de conocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se dé la disculpa a nivel nacional e internacional”.

“Hicieron circo mediático para exponer a los compañeros marinos de la forma que lo hicieron, estamos muy molestos”, apuntó.

*Ni la Semar ni el Gobierno feral han informado que los marinos mercantes detenidos eran inocentes, al menos para reivindicarlos, como piden los dirigentes.