International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) en su reporte global: Mundo Indígena 2020, señala la vulnerabilidad de los indígenas mexicanos defensores del medio ambiente y los derechos humanos. La agresión a activistas indígenas va desde hostigamientos hasta el asesinato. Pareciera exageración, pero “Entre ceja y ceja” he comentado crímenes, como el homicidio de Isidro Baldenegro López, rarámuri denunciante de los talamontes
de la sierra Tarahumara; la defensa de los derechos indígenas también le costó la vida a los rarámuris Juan Ontiveros Ramos y mucho más recientemente a Julián Carrillo Martínez, ambos acudieron a todas las instancias para denunciar la tala legal e ilegal de madera y solicitaban poner un alto a las concesiones mineras hasta realizarse una consulta libre e informada.

En Morelos hace dos años fue asesinado Samir Flores Soberanes, indígena nahua, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala; días después de su homicidio, se efectuó una consulta pública para la operación de una planta termoeléctrica a la que Samir Flores se oponía por los daños que causaría a los ecosistemas acuíferos. Oficialmente la planta recibió la aprobación, pero la indignación y rebeldía de los pueblos
morelenses, poblanos y tlaxcaltecas tienen postergada la puesta en marcha del megaproyecto. La lista de caídos es larga y la cicatriz crece.

Es necesario considerar que los pueblos indígenas del altiplano, en marcado contraste con mi pueblo maya peninsular, tienen mayor conciencia de sus derechos y los defienden a través de sus organizaciones, en las que no aceptan asesores mestizos.

La vulnerabilidad de los indígenas tiene diversos formatos. En Morelos existen tres municipios reconocidos como “municipios indígenas” y reciben presupuestos tanto de la hacienda estatal como de la federal. Además de Coatetelco y Xoxocotla recientemente se ha sumado el municipio de Hueyapan. En este municipio indígena, el desconocimiento de los usos y costumbres de la comunidad por parte del Tribunal Electoral del Estado de
Morelos ha provocado un zafarrancho que dio como resultado la detención de diez pobladores que, por ser hablantes de náhuatl, se encuentran en total indefensión. El Gobierno Nacional Indígena de México ha señalado el derecho que tienen los indígenas a contar con traductores profesionales para tener un juicio equitativo. Pero la falta de estos profesionales los mantiene en prisión, esta situación no es particular, se replica en otras entidades con población autóctona.

Otra más, la Organización Indígena de Colombia dio a conocer el asesinato de María Bernarda Juajibioy junto con su nieta de año y medio; ella era alcaldesa indígena del Resguardo del Cabildo Camentzá Biya, y en el Istmo de Tehuantepec cayó Maricruz Zaragoza Zaragoza, hija de un reconocido indígena activista de los derechos humanos. “¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando ya a sus palomas?” (Violeta Parra).