Esta semana podría ser una de las más negras en el sistema de pensiones, debido a una propuesta de iniciativa de reforma presentada a la Cámara de Diputados.

La iniciativa en comento pretende modificar el artículo 218 de la Ley del Seguro Social (LSS) para que la aportación máxima a modalidad 40 sea de sólo 10 “salarios mínimos”.

Por lo visto, el diputado proponente está mal informado, pues a modalidad 40, desde 2016, se aporta con valores referenciados a UMA y no a salarios mínimos.

Sólo se puede contratar modalidad 40 cuando se hace con un salario mínimo ($123.22); si se contrata con un centavo más, se estará aportando con 1.41 UMA y no en salarios mínimos.

El mensaje que envía el legislador puede interpretarse así: tú no tienes derecho a recibir pensión mayor de 10 UMA, y ante el hecho, tendríamos que preguntarnos:

¿Quién es el señor diputado para decir de cuánto debe ser el monto de la pensión que debe recibir un trabajador al terminar su vida laboral?

¿En virtud de qué poder decide este legislador el nivel y calidad de vida futura de un pensionado y su familia?

¿Por qué no se ha dedicado mejor a resolver los vacíos y lagunas que tiene la LSS, en vez de estar proponiendo fórmulas que afectan el nivel y calidad de vida de los pensionados, quienes, ya de por sí, año tras año, ven carcomida su pensión por los efectos de la inflación y del incremento a los mismos salarios mínimos?

¿Por qué el señor diputado nada ha hecho para que se les devuelva su aportación a los trabajadores que aún tienen SAR 92 en su cuenta individual, ahora que están sin empleo o reciben salarios partidos, por razón de la contingencia sanitaria, cuando esos recursos, de entregarse, en nada afectan a la futura pensión, ni a las semanas cotizadas?

¿Qué, acaso, el señor diputado no podrá encontrar motivo para regular las magnánimas jubilaciones y pensiones que se pagan en el Issste, en CFE, en Pemex o en las medianas y altas esferas de la SCJN; en el TSJ y a funcionarios de rango medio y medio alto en la CDMX, Banxico e Infonavit?

¿Será muy complicado observar el gran desbarajuste que existe en los sistemas de jubilaciones y pensiones de las entidades federativas, en sus tres ámbitos de gobierno y los municipios y diversos organismos públicos descentralizados y universidades estatales, entre otras instancias?

No, a los antes mencionados ni tocarlos con el pétalo de una rosa porque, de hacerlo, se “pisan callos” y la “carrera política” vale más que mandar a la hambruna a millones de trabajadores, coartándoles su derecho a un mejor vivir en la etapa de la vida en que más dinero se necesita, es decir, en la vejez.