El 8 de diciembre de 2016, en campaña por Coahuila, el entonces candidato de Morena, AMLO, pidió al titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos, que los militares regresen a los cuarteles, “pues no se resuelve nada con el uso del Ejército y de la Marina, policías, cárceles, amenazas de mano dura, leyes más severas…”.

A menos de año y medio de haber asumido el gobierno, López Obrador tomó la decisión de su némesis, Felipe Calderón –la cual en su momento calificó de “apresurada e irresponsable”–, al decretar que los militares participen “de manera extraordinaria” en tareas de seguridad pública, una aceptación tácita del fracaso de la Guardia Nacional (creada el año pasado), como lo fue la Gendarmería de Enrique Peña Nieto, y también evidencia la incapacidad del Estado mexicano por contener la violencia, que en marzo registró más de 84 asesinatos por día.

Con esta decisión se confirma lo que se ha negado siempre: la militarización de las tareas de seguridad, a lo que abonaron Calderón, que sacó a las calles a más de 52 mil 500 efectivos de los cuarteles, y Peña Nieto, 55 mil. Actualmente hay más de 30 mil en la mixtura que es la Guardia Nacional, más al menos el doble que opera en todo el territorio, y lo harán por lo que resta del sexenio, pues, aunque tarde, el gobierno federal reconoce que no hay de otra más que echar mano de los militares para cumplir con su “deber primario”: la seguridad pública.

Con ello, el presidente que más ha criticado la actuación de las fuerzas armadas y que incluso tuvo desencuentros con sus altos mandos, hoy se ve en la necesidad de empoderar al Ejército y la Armada para “pacificar el país”, ya que, a pesar de vivir los estragos de la pandemia de coronavirus, la violencia y la delincuencia organizada no dan tregua, e incluso los grupos criminales se exhiben robándole espacios al gobierno.

Pero no es un secreto que la mayoría de soldados y marinos están inconformes con realizar esas funciones para las que no están formados, y más ahora que se les impide actuar incluso cuando está en riesgo su integridad; recordemos las vejaciones que sufrieron al iniciar el sexenio cuando se les impedía responder a las agresiones de civiles, pues la orden era “no apagar el fuego con el fuego”.

Lo cierto es que el cuerpo élite de este gobierno no funcionó, como previeron expertos en la materia que veían en la Guardia Nacional un modelo agotado y contrario a las recomendaciones de la ONU de fortalecer a las fuerzas civiles y establecer un plan de retiro gradual y ordenado de las milicias. Así, el presidente que prometió “ir sacando al ejército de las calles porque no está preparado para esta función”, el que acusó de tortura y desapariciones a soldados y marinos, ahora les otorga más atribuciones convencido de que solo las fuerzas armadas pueden revertir el fiasco de su estrategia de seguridad.

Anexo “1”

“Una rama de las fuerzas armadas”

Cuando en 2018 se dibujaba a la Guardia Nacional como “una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad, y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la Nación”, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para América, señaló: “Aun cuando se le quiere dar un empaque distinto y un rótulo distinto, la propuesta de López Obrador es seguir adelante y redoblar la opción militar para combatir a los cárteles ”.

Y agregó que AMLO se conduce “peor aun que sus antecesores, porque si revisas la propuesta que hacían Calderón y Peña sobre la presencia de militares en la calles, se hablaba de algo ‘temporal’, algo ‘gradual’. Y ahora, la oferta de López Obrador es hacer a los militares una opción permanente, con un nombre distinto: los llama Guardia Nacional, pero vienen todos de la Marina, del Ejército, y algunos pocos de la Policía Federal, pero estarían funcionando todos ellos bajo control militar. Es una rama más de las fuerzas armadas”. Y parece que le atinó.