Han comenzado los diálogos nacionales por la Reforma al Poder Judicial. Aún no sabemos si se trata de un engaño, un show mediático o si realmente se tomarán en cuenta las voces que, con muchos argumentos, sostienen que politizar a jueces, magistrados y ministros traerá (ahora sí) corrupción y tráfico de influencias con mayor facilidad, además de que puede volver complaciente al juez que debiera ser objetivo y sereno frente a los ciudadanos que a ellos acuden.

Y probablemente todo se trate de un montaje con miras a “legitimar” aún más la decisión que, en palabras de los legisladores de la mayoría, ya está tomada: va la elección de los juzgadores de los poderes judiciales Federal y locales por medio de votación popular directa. No hay argumento ni estándar internacional que valga frente a quienes sostienen que su amplia ventaja en las elecciones les dio el mandato de seguir adelante sea como sea. Cosa políticamente válida (en efecto, los electores eligieron aplastantemente un modelo de Gobierno y determinadas políticas afines a un proyecto de nación determinado), pero que jurídicamente es cuestionable, pues por muy mayoría que se sea, no debe por ese simple hecho prevalecer una demanda popular cuyos efectos negativos son previsibles. ¿Por ser mayoría puedo, por ejemplo, limitar los derechos civiles y políticos de un grupo? ¿Por ser mayoría puedo tomar decisiones al vapor y sin una profunda reflexión abierta que integre a todas las voces? Si la respuesta a esas interrogantes es sí, entonces estamos más cerca del pensamiento totalitarista que del democrático plural que entiende que a veces el pueblo mayoritario sí puede equivocarse, sobre todo en la toma de decisiones cuya comprensión requiere un determinado margen de especialización y experticia.

¿Sería conveniente preguntarle a los ciudadanos cómo deben distribuirse las rutas aéreas y cómo debe controlarse el tráfico aéreo en territorio nacional? ¿Qué tan conveniente es preguntarle a la ciudadanía qué medicamentos deben integrar el esquema básico de vacunación? ¿Qué tan beneficioso sería consultar a las mayorías sobre el porcentaje (o tasa) que debemos pagar de impuestos, y sobre cómo dividir lo recaudado entre el pago de las obligaciones internacionales (la deuda, por ejemplo), y el presupuesto de egresos? ¿Entonces por qué con el Derecho sí debemos en automático aplicar el “mandato popular” y no estar verdaderamente abiertos a las opiniones de quienes se especializan en el sistema jurídico mexicano?

Alguien me decía, y creo que, con justa razón, que la mayoría de los legisladores ni siquiera han intervenido en una controversia judicial. Los pocos que lo han hecho en realidad lo han hecho poco tiempo y se han dedicado más bien a la administración pública.

Una buena parte no ha hecho más que trabajar para el Gobierno o ser eternamente diputado o senador. ¿Eso les impide emitir una opinión? Para nada, tienen tanto derecho como el que más y de hecho la labor legislativa es esencial para el desarrollo del propio sistema jurídico mexicano; pero indudablemente su opinión es parcial y por eso deben estar dispuestos a escuchar a los otros sin predisposición alguna, o peor, sin decisiones tomadas a priori. En fin, veremos.