De todas las iniciativas de reforma constitucional presentadas por AMLO hace una semana, las más preocupantes son las que trastocan la naturaleza del Poder Judicial y del Sistema Electoral, obviando la que pretende darle un carácter definitivamente militar a la Guardia Nacional.

Las iniciativas en general demuestran el proyecto auténtico de Morena, es decir, las intenciones que el oficialismo tiene en el país y que la candidata Sheinbaum ha hecho públicamente propias. El problema de estas reformas es que fueron deliberadamente hechas para causar el daño que podrían causar si se aprobaran, o son fruto de una peligrosa ignorancia que demuestra el nivel de quienes pretenden cambiar el orden Constitucional. ¿Cuál será peor?

En primer lugar, hay una obsesión -motivada por el desconocimiento y el revanchismo- por declarar que no es democrático un Poder del Estado que no es electo directamente por el ciudadano; gran falacia. El que los jueces, magistrados y ministros sean designados por exámenes de oposición, los dos primeros, y por el Senado de la República, los últimos, es muestra de la preparación técnica y profesional que se requiere para llegar a esos cargos. Pero, además, ¿no el Senado es electo por la ciudadanía a través del voto?, ¿y no las decisiones del Senado son, a la vez, decisiones que reflejan la voluntad popular a través de sus representantes? Si a esas vamos, el Poder Legislativo no tendría razón de ser, pues sus decisiones, al no ser tomadas por el voto directo de los ciudadanos, carecen de legitimidad democrática, ¿no es así? Y en todo caso, ¿quién pone el límite?, ¿por qué no elegir por voto popular a maestros, burócratas, fiscales y hasta a los Secretarios de Estado?

Por otro lado, es absurdo pretender que los jueces, magistrados y ministros se enfrasquen en contiendas electorales. ¿Qué pueden proponer o implementar? Este tipo de servidores públicos tiene que resolver como lo marcan las leyes y la Constitución. Además, como pasa con legislativo y ejecutivo, en las elecciones suelen ganar los más carismáticos, que no necesariamente son los más preparados o unas lumbreras. Además, ¿qué nos garantiza realmente que las fuerzas políticas no estarán detrás de los candidatos?, ¿cómo se evitará el conflicto de intereses?

Pero la cuestión más preocupante de la iniciativa es que, como si nada y de manera subrepticia, introduce reformas a la Constitución en materia de amparo, ya que se pretende que no se puedan otorgar sentencias favorables que beneficien a más personas que a quien lo promovió, y que no se pueda otorgar la suspensión con efectos generales. Tampoco podrá otorgarse suspensión alguna en acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales contra normas generales.

¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si quiero reclamar que no llega agua a mi casa por culpa del Estado, y la única forma en que el agua llegue es instalando un sistema que dé agua a toda la colonia, no podría otorgarse el amparo porque beneficiaría a otras personas además de a mí que promoví el juicio, incluso aunque me asista la razón. Y si, por ejemplo, una parte del Congreso o un Órgano Constitucional Autónomo quiere impugnar una norma general por ser contraria a la Constitución, esta norma no será suspendida en lo que se resuelve el asunto, aunque ello signifique seguir vulnerando los derechos de millones de ciudadanos. Juzgue usted mismo.