La semana pasada hablamos un poco de la revocación de mandato. También hemos mencionado en esta columna el acuerdo de los legisladores federales mediante el que pretendían torcer la Ley y cambiar las reglas del juego en pleno proceso electoral.

En esta ocasión tocaremos dos temas que están relacionados con esta misma revocación, pero que van más allá de ella.

En primer lugar tendríamos que analizar y reflexionar sobre la conducta y dichos del secretario de Gobernación Adán Augusto López, mano derecha y operador político principal del presidente López Obrador.

Hace unos días, el encargado de la política interna del país viajó a Sonora y Coahuila para promover abiertamente el ejercicio revocatorio del próximo diez de abril.

El Secretario sabe muy bien que, por Ley y por mandato Constitucional no puede pronunciarse a favor o en contra del referéndum, pues vulneraría los principios electorales más básicos.

Y tan sabe que no debe pronunciarse que, ante los simpatizantes de morena en Sonora, declaró que los del INE no pueden "correrlo" de su cargo como Secretario de Gobernación.

Es decir, sabe que su conducta atenta contra la legislación mexicana en materia electoral, y decide frontalmente quebrantarla y retar al Órgano Constitucional Autónomo encargado de regular los procesos electorales en México.

Difícil realidad mexicana en la que quienes debieran respetar la norma -no a gratis protestan guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen-, prefieren actuar arbitraria y discrecionalmente.

Hablan de corrupción y de otros tiempos, pero ahora la norma se vulnera desde la propia autoridad.

En el mismo tenor, por cierto, se encuentran gobernadores, otros funcionarios y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En segundo lugar, pero para nada menos importante que el punto anterior, tenemos la intención del Presidente de enviar al Congreso una reforma electoral, a fin de materializar que los Consejeros y Magistrados Electorales sean "elegidos por el pueblo de México" de entre candidatos propuestos por los Poderes de la Unión.

Es decir, AMLO pretende que él, el Congreso de la Unión -y aparentemente la SCJN- designen candidatos para ocupar estos importantes cargos públicos y que, por medio de una elección directa, se escoja a quienes resolverán los asuntos electorales.

No hay que ser un especialista en derecho para entender que con esta reforma se acaba prácticamente la autonomía del Órgano Electoral y se parcializa al árbitro que, precisamente para evitar contaminar las elecciones y sus procesos, fue establecido en la Constitución como un aparato del Estado Mexicano, no de sus Poderes.

Los miembros del Consejo del INE y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no deben llegar a sus cargos por popularidad, sino por su experiencia y conocimiento técnico en la materia.

Claro que sus puestos y lo que ellos implican son de naturaleza pública, pero eso no significa que por medio de elecciones se llegue a ellos.

¿Qué sigue? ¿Elegir también a los Ministros de la Corte por elección popular? Y si a esas vamos, ¿va a dejar AMLO que sus secretarios de Estado y sus altos funcionarios también sean elegidos directamente por la gente y no designados por él?