Es un primer y buen paso la disculpa pública ofrecida esta semana por la Armada de México a familiares de víctimas de desaparición forzada en Tamaulipas. Es también, como reportaron los medios, un hecho inédito de la Marina (no del Ejército, que ya lo ha hecho) realizado para dar cumplimiento a la recomendación 36VG2020 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Pero este acto de ninguna manera debe socavar la confianza en la institución Naval, todo lo contrario, debe ser una norma del Estado mexicano.

Para entrar en contexto, el 21 de abril del 2020, la Secretaría de Marina aceptó la recomendación 36VG/2020, emitida por la CNDH por la desaparición forzada y/o ejecuciones extrajudiciales de 27 personas en Nuevo Laredo, ocurridas entre febrero y mayo de 2018. El 9 de abril de este año, la FGR ejecutó orden de aprehensión en contra de 30 marinos de las fuerzas especiales, como presuntos responsables de esos ilícitos. Octavio Amezcua, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, comentó el día de la disculpa que “las desapariciones son un componente extendido de la violencia en México y son particularmente graves cuando este tipo de crímenes son el resultado de la acción de agentes del Estado, cuando el responsable es el ente encargado de protegernos”. Totalmente de acuerdo.

Decimos que estos actos deben ser cotidianos porque las instituciones son dirigidas por hombres y mujeres que, en el ejercicio de sus atribuciones, pueden incurrir en errores u omisiones, que deben ser corregidos y en su caso sancionados, como en esta ocasión, si bien, como dijo en ese acto el titular de la Unidad de Promoción y Protección de los DDHH de la Semar, contralmirante Ramiro Lobato Camacho: “Ninguna palabra que hoy aquí se diga podrá redimir el perjuicio del que han sido objeto las víctimas, pero estamos claros que esta es la ruta hacia una verdad que las dignifique, además de que brinde consuelo, atención y apoyo a los afectados”.

Estas disculpas públicas iniciaron el 21 de febrero de 2017, cuando tres mujeres otomíes de Querétaro, Jacinta, Teresa y Alberta, las recibieron de la entonces PGR, tras ser encarceladas tres años injustamente acusadas de secuestrar a seis policías federales ¡en 2006! Ahora transcurre menos tiempo antes de que llegue esta reivindicación, pero el caso es que no debe haber ninguna desaparición forzosa, tortura, ejecución extrajudicial o cualquier abuso de parte de ninguna autoridad, no sólo de las fuerzas armadas.

De ahí la importancia de esta mea culpa, pues se trata de dignificar a quien se le interrumpe su proyecto de vida y se le estigmatiza; es reconocer su inocencia, porque en la mayoría de los casos se les etiqueta como delincuentes para justificar un error que no sólo sega vidas, sino que en la búsqueda de justicia sus familiares transitan por un largo camino de agravios; además estos ilícitos nos lastiman como sociedad. Sólo queda agregar que quienes cometen estos actos deplorables no se mandan solos.

Anexo “1”

“Hasta los dientes”

El 22 de marzo de 2019 escribimos en esta columna lo siguiente: La noche del 19 de marzo de 2010, dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey salían de la biblioteca hacia una de las casas de alojamiento cuando se registró un enfrentamiento entre delincuentes y militares; los jóvenes fueron confundidos por los soldados, que los abatieron. La investigación determinó que a los estudiantes de excelencia les sembraron armas para acusarlos de ser sicarios del grupo criminal. El pasado martes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció a los padres de los estudiantes y a la comunidad del Tec, una disculpa pública; se criticó el silencio del Ejército en esa disculpa del Estado mexicano.

El documental “Hasta los dientes” (2018),dirigido por Alberto Arnaut, narra esta historia de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso.

Y en febrero de 2015, un video subido a redes sociales mostró a dos militares y a un policía federal torturando a una mujer en Ajuchitlán, Guerrero. La Sedena confirmó que eran parte de sus fuerzas, fueron detenidos y procesados. El 16 de abril de 2016, el entonces titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos, ofreció una disculpa pública por la tortura en que estuvieron implicados los soldados.

Sólo dos botones de muestra.