Al Gobierno Federal le urge salir del tema Guacamaya Leaks, y no es para menos, ya que, tras la difusión de múltiples notas periodísticas sobre los secretos de la Sedena, los escritorios de Palacio Nacional se sacudieron más que si hubiese ocurrido un sismo.

Para muestra basta un botón: hubo una operación de Estado para evitar que el general Luis Cresencio Sandoval se presentará a dar explicaciones en San Lázaro sobre los ciberataques. El miedo no anda en burro, dicen por ahí, aunque parece que sí viste de olivo.

Al momento, distintos medios de comunicación nacionales y extranjeros continúan con la difusión de los datos contenidos en innumerables cables sustraídos al Ejército Mexicano por el grupo denominado Guacamaya. Lejos estamos de que termine esta trama que pone a los militares y al obradorismo con los pelos de punta.

¿Por qué no quiere la Sedena rendir cuentas? Usted recordará querido lector que hace algunas semanas había en México una discusión sobre si habría o no que darles más atribuciones a los militares, ¡ahhh!, pues con la respuesta de la Defensa Nacional ahí tiene argumentos de sobra por el “no”.

Si en el tema de Guacamaya Leaks, el Ejército se escuda para no ser transparente, imagine cómo será con temas tales como la violación a Derechos Humanos, en las auditorías a los multimillonarios contratos asignados a los uniformados por este Gobierno y los reportes de corrupción en los nuevos puestos a los que López Obrador los dejó entrar, solo por citar algunos ejemplos.

Resulta lamentable ver a la cúpula de la Sedena argumentar con descaro para evitar la comparecencia de su titular ante el Poder Legislativo, todo ello, bajo la mirada cómplice de Morena y el aplauso cínico de funcionarios federales que hace apenas algunos años se rasgaban las vestiduras mientras vociferaban en contra de la militarización.

Vaya mensaje el que mandaron las Fuerzas Armadas a la población con su objeción a la rendición de cuentas. En el fondo hay una exigencia gubernamental exacerbada para ampliar las facultades de los militares y, por el otro, un descarado bloqueo a la revisión y control que debe de hacerse de los mismos.

El caso Guacamaya Leaks ha puesto de manifiesto vulnerabilidades en los sistemas de seguridad pública, manejos ineficientes de las estrategias y escándalos de espionaje; también, datos sobre la expansión de la delincuencia y la cooptación de autoridades locales. Además, dio luz sobre la telaraña de la milicia en la administración pública federal, y de la peligrosa opacidad que se viste de olivo.