En 1959, el Estado mexicano decidió emprender una Guerra Sucia contra los disidentes, opositores políticos y comunistas, otorgándole a las fuerzas policiales y al Ejército la facultad de desarrollar operativos clandestinos que incluían la tortura, asesinato y desaparición con total impunidad.

Conforme se consolidó esta táctica deplorable contra la población civil y líderes guerrilleros como Genaro Vázquez o Lucio Cabañas, ocurriría también la masacre de estudiantes de 1968 y la represión conocida como el “Halconazo” en 1971, que culminó con la detención de manifestantes, quienes acabaron torturados, encarcelados o desaparecidos en el Campo Militar Número 1 o los vuelos de la muerte en las costas de Guerrero.

Este régimen de terror orquestado por el Estado mexicano para mantener su control político dejaría cientos de familias reclamando justicia y la aparición de los cadáveres de sus hijas, hijos, esposos y esposas para darles sepultura y tratar de encontrar en ello un cierre para los asesinatos orquestados desde el poder. Sin embargo, con el ascenso del narcotráfico dentro de la estructura política, las corporaciones policiales y Ejército coludidos con el crimen organizado, se desató un nuevo horror en el país: el secuestro, asesinato y desaparición de familiares en las comunidades del norte, que pronto se extendió al centro de México y Veracruz.

En el libro “Las Rastreadoras. Mujeres sabueso en el infierno de un país que siembra cuerpos”, de la periodista Tania del Río, se retrata el horror que padecen miles de familias que llevan buscado a sus parientes o “tesoros”, muchos de ellos desaparecidos desde hace 10 años o más, que fueron secuestrados dentro de sus casas o en sus trabajos a plena luz del día por policías o sicarios, sin que nadie logre ofrecerles una respuesta sobre su paradero.

Asimismo, el libro nos habla sobre la indiferencia y la ausencia de empatía de las autoridades por las víctimas y sus familias, la negativa de investigar cualquiera de estos casos, lo que las obligó a convertirse en rastreadoras en sus municipios, sin nada más que una pala y alguna pista, iniciaron un trabajó que puso al descubierto que el país es una enorme fosa común, donde hay miles de cuerpos arrojados con impunidad, como ocurrió en Veracruz durante la administración de Javier Duarte, donde las rastreadoras encontraron fosas que en conjunto sumaban más de 300 cuerpos y seguían apareciendo más.

El libro no sólo nos permite entender el dolor de una desaparición en la familia, también presenta un panorama desolador del sistema de justicia, que no sólo se niega a investigar estos casos por miedo o por estar coludidos con los asesinos, también presenta como la guerra contra el narcotráfico que emprendió el Gobierno mexicano en los últimos 24 años elevó el número de homicidios en el país, y, por consiguiente, colapsó las morgues, evidenció la ausencia de profesionales dedicados a salvaguardar las escenas del crimen y expuso que cientos de cuerpos acabaron incinerados o enterrados sin ninguna identificación, contribuyendo a perder evidencias para enjuiciar a alguien o entregar el cuerpo a las familias.

Para quienes deseen conocer la geografía de la desesperación y el dolor humano ocasionada por un sistema de justicia rebasado por su propia corrupción, es necesario leer este libro que nos replantea la forma de mirar a nuestro país, donde no importa que tan fuerte grites, si las autoridades están sordas ante los reclamos de las víctimas y sus familias.