Como nunca antes, hoy vemos en nuestro país a la clase política desnuda, expuesta tal como es, en un escándalo impulsado desde la más alta esfera del poder, para saciar su venganza, en un protagonismo que, a su tiempo, también será juzgado, porque todos (o casi) tienen cola que les pisen. Y ya Ortega y Gasset dio una definición rotunda: “La política es una actividad instrumental, limitada, que no es capaz de organizar la amistad entre los hombres, ni lealtad mutua, ni el amor”.

El caso Lozoya, donde un pillo acusa a otros pillos, apenas comienza y va para largo; los deslindes de los primeros implicados no se han hecho esperar, pero en esta historia –del hijo de un encumbrado político que se sirvió de Pemex, beneficiado años después con el mismo cargo– ninguno de los personajes saldrá con el plumaje incólume tras cruzar el pantano de corrupción y traiciones en el que Emilio “L” se ha sumergido y con él a su familia.

No hay, tampoco, asomo de vergüenza de quienes saben serán citados conforme salgan a la luz las confesiones de quien vendió su alma al diablo para intentar salir del infierno en que se ha metido; además, será difícil que lo logre porque, como se ha citado, en política no hay lealtades ni reglas del juego, cada quien echa a andar su “proyecto” para llegar al poder a través de un camino de intrigas, traiciones e inmoralidad, donde con cinismo se dice que “el lodo se seca y se cae solo”. Mark Twain los definió bien: “Los políticos son la única clase delictiva por naturaleza”.

Me cuesta trabajo entender, por ejemplo, el porqué empresarios que tienen asegurado su futuro y el de sus generaciones ingresan al servicio público. Algunos dicen que por amistad cedieron a la invitación del amigo político, aunque creo que es más por vanidad y esa natural ambición de poder, de mandar, que en muchos no se satisface con una buena reputación ni buen nivel económico. El militar siempre desea un grado más; el civil, el cargo superior; el político no tiene saciedad.

Para confirmar la naturaleza de los políticos, no hay que olvidar el contexto en que se da este episodio: las elecciones federales del próximo año, panorama que no pinta muy bien para el partido en el poder (del presidente), por lo que urgía destapar esta cloaca para minar a los enemigos. Y no estamos en contra de ventilar estos actos reprobables que deben avergonzar a sus protagonistas; no estamos en contra del fondo, sino de la forma y fondo de quien abanica estos asuntos: el presidente López Obrador, quien llegó al poder con la promesa de poner fin a la corrupción, pero su intervención en el caso Pemex-Lozoya, de forma reiterada, dando avances y pormenores, emitiendo juicios y calificativos, habla mal de un jefe de Estado, cuestionado por tener dos pesas y dos medidas para medir la corrupción o el conflicto de intereses entre funcionarios de su gabinete.

Anexo “1”

Y no se termina

En mayo pasado, la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del Inegi reveló que las víctimas de actos de corrupción en la prestación de servicios básicos creció 7.5% entre 2017 y 2019. La tasa de prevalencia de corrupción pasó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 a 15 mil 732 en 2019.

El mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2 por ciento de los casos; seguido de trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad con 25 por ciento.

Estos datos oficiales se dan a pesar de la creación, en 2018, del Sistema Nacional Anticorrupción, “instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”, como presume el gobierno.