El movimiento obrero-popular de 1973 y 1974 y el asesinato de Efraín Calderón Lara, “Charras”, la madrugada del 14 de febrero de 1974, acontecidos en Yucatán, cumplen cuarenta y siete años luchando por permanecer en la memoria colectiva a pesar de la negación gubernamental y su exclusión en la historia oficial enseñada y difundida en las escuelas de todos los niveles del Estado. El recuerdo vivo entre quienes participaron y la transmisión principalmente oral-escrita entre generaciones han logrado que una parte de lo acontecido permanezca vigente y sea evocado en cada efeméride.

Sin embargo, aún hay muchos factores y acontecimientos de dicho proceso que deben ser estudiados a fondo y dados a conocer a la sociedad; además, sigue faltando el necesario reconocimiento de esta parte de la historia como un suceso englobado en la lógica nacional de la lucha de clases, y, sobre todo, como una parte integral de la evolución histórica de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) que cumplirá en 2022 cien años.

Resulta lamentable que, hasta la fecha, la Universidad siga sin dar importancia a los acontecimientos, más aún siendo que el 16 de febrero de 1974 la policía y el ejército agredieron a la universidad disparando contra los estudiantes, evidencia física que fue borrada del edificio central de la Uady, como fuera borrado el nombre de “Efraín Calderón Lara” de la entrada del teatro universitario (hoy Felipe Carrillo Puerto) y se retirara la placa colocada por la comunidad a la entrada del edificio central donde se repudiaban la represión y el autoritarismo de la época, huellas eliminadas por el poder para implantar su versión de los hechos. Todavía queda pendiente un gran acto de desagravio a cargo de la comunidad universitaria.

El crimen cometido contra el “Charras”, al igual que la desaparición forzada de Raúl Pérez Gasque (yucateco integrante de la guerrilla del ELN) son partes específicas de la guerra sucia mexicana cuya perspectiva de análisis debe ser ampliada, así como la participación de la mujer en el movimiento obrero-popular y los comités de barrio y rurales que surgieron en contra de la represión y la violación de los derechos laborales. No debemos ser cómplices de la intención conservadora que busca diluir la memoria tratando de negar la importancia histórica y social de la organización y la lucha del sindicalismo independiente acompañado solidariamente por los estudiantes universitarios, tecnológicos y de diferentes niveles junto a la sociedad yucateca.

El estudio y análisis con una mirada amplia de todo el proceso que contribuya a la verdad histórica, al igual que el deslinde y reconocimiento de responsabilidades sobre el crimen de estado cometido por el ex gobernador Carlos Loret de Mola y demás cómplices, puede servir para la toma de conciencia y de ejemplo para evitar casos recientes, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Mucha es la historia oculta y el dolor social aún presente. Establecer la justicia histórica reivindicaría a quienes han contribuido a la conformación de nuestra nación y cuyos nombres no figuran en los almanaques reconocidos de la historia nuestra.