El año que está por concluir ha sido devastador para el sistema de pensiones, en lo general, y terrible para pensionados y jubilados, en lo particular. La razón de nuestra aseveración se debe a la indebida aplicación de la UMA, en vez del salario mínimo, en la determinación e incremento de las pensiones que se otorgan, a partir del año 2016, tanto en el IMSS como en el Issste, hechos que han impactado severamente en el nivel de ingreso de jubilados y pensionados.

Sin embargo, resulta demasiado alevosa por parte del Estado y de las autoridades administrativas correspondientes la saña con que las medidas anteriores se han aplicado, causando el empobrecimiento de quienes, durante la mayor parte de su vida, dieron su mayor esfuerzo, empeño, vida e incluso salud por el bienestar del país y para cumplir con los requisitos de las leyes de seguridad social, esperanzados en que con el ingreso proveniente de una pensión tendrían una vida menos desdichada, especialmente en su vejez.

Siempre que al caso viene he expresado que “en materia de pensiones lo mejor nunca estará por venir” y ello se corrobora y se agrava cuando vemos la forma en que se truncan las esperanzas de un justo y merecido cambio legal en la forma para determinar las jubilaciones y pensiones.

Y es que hasta burla parece que, primeramente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya precisado que el uso de la UMA, en materia de seguridad social, es inconstitucional; segundo, que, una vez sentada jurisprudencia en la materia, ésta aplique única y directamente a cinco promoventes e indirectamente al resto de la población jubilada o pensionada, que, para intentar hacer valer su derecho, debe solicitar, por la vía administrativa, el no uso de la UMA y que, al no haber respuesta positiva, deben recurrir por la vía del amparo para “intentar” hacer valer un derecho laboral inalienable.

Pero el ejercicio del derecho antes comentado se topa con la insensibilidad de un Congreso y de la primera Presidencia de la República, donde solo se han concretado a decir: “Lo estamos analizando… porque queremos actuar con responsabilidad…”.

Pero, con el uso y aplicación de la UMA para sustituirla por el salario mínimo con los incrementos que ese ingreso ha tenido, en 2019 y 2020, las esperanzas y aspiraciones de la población jubilada y pensionada se alejan cada vez más de una verdadera realidad.

El costo económico es de miles de millones para el erario, aun cuando la aplicación no contemplare el pago retroactivo del daño causado.

Así, en materia de pensiones, pinta de negro el año 2020