Al determinar que su gobierno no otorgará recursos para las asociaciones civiles, el presidente Andrés Manuel López Obrador afectará a decenas de instituciones que por su índole y naturaleza impactará en los sectores más vulnerables de este país.

Entre estos grupos vulnerables está el de las mujeres y niños víctimas de violencia extrema, quienes harán frente a un año sin el presupuesto necesario para sobrevivir, sin el subsidio que les permita afrontar uno de lo aspectos sociales más sensibles de la vida humana.

Las cifras de este problema son impactantes: según datos de las Naciones Unidas, alrededor de 9 mujeres son asesinadas todos los días en nuestro país, muchas de ellas en calidad de homicidios (más de 35 mil en las últimas dos décadas).

También 2 de cada 3 mujeres han experimentado algún tipo de violencia mientras que 45% de las mujeres mexicanas han sido víctimas de violencia sexual en alguna etapa de su vida, siendo agredidas muchas veces en la propia vía pública.

En lo laboral, a pesar de que la normatividad constitucional y federal mandaten lo contrario, alrededor del 20% de las mujeres que han pedido a buscar un trabajo se les ha pedido un certificado de no embarazo o fueron despedidas por embarazarse.

Esto es un problema multifactorial y cultural que necesita la comprensión así como el esfuerzo de todos los ámbitos, gobierno y sociedad civil, por lo que retirarles de manera incomprensible los recursos es a todas luces irresponsable.

Más de 25 mil mujeres no tendrán algún centro de asistencia a donde acudir para plantear su problemática, especialmente si vivimos en un sistema de justicia en donde a la mujer no se le respeta ni se le considera como un sector vulnerable.

Aún son recurrentes las instancias ministeriales en donde, una mujer al interponer su denuncia por violencia, le sean preguntadas cuestiones como ¿está segura que quiere denunciar?, ¿qué hizo para que su pareja la trate así?, entre otras, claramente intimidatorias para la víctima.

En todo el país hay 72 centros de este tipo, y aquí buscan apoyo mexicanas de todas las clases sociales, de zonas rurales y urbanas, migrantes e indígenas, todas con una característica en común: cuentan con cuadros depresivos graves y con discapacidades graves producto de la violencia recibida en sus hogares y entornos socioeconómicos.

Se comprende que el presidente federal intente, por todos los medios, terminar con la corrupción rampante que impera en la distribución de los recursos federales, sin embargo, estas acciones no deben ni deberían afectar ciertos aspectos, como el de proteger las garantías individuales y los derechos humanos de las mexicanas.

Son poco más de 346 millones que aún se encuentran suspendidos para tal efecto, y mientras la Secretaría de Salud se encuentra analizando la situación, nueve mujeres morirán hoy, víctima de la violencia.

Las organizaciones ya han pedido al Presidente López Obrador rectifique esta medida, y nos sumamos a las voces de cientos de organizaciones que dependen de este subsidio para permanecer abiertos.

Es menestar de las dependencias reguladoras supervisar que el presupuesto sea bien ejercido, y aquella organización que no haga buen uso de los mismos, deberá ser suspendida y castigada con todo el rigor de la ley.