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Resultaba previsible la respuesta jurídica de las empresas privadas de energía y la solicitud de suspender la aplicación de la nueva ley eléctrica por ir contra lo dispuesto por la Constitución. Ante la suspensión otorgada a las empresas solicitantes, aplicable a todas las que han invertido en producción de energía, la reacción del presidente López Obrador fue inmediata y comentó con sarcasmo la rápida reacción de un juez al otorgar en 24 horas el acto solicitado; según los conocedores del tema, el juez sólo otorga la suspensión, no el amparo, tampoco da por hecho que es inconstitucional la nueva ley. Los dos jueces que han dispuesto la suspensión estudiarán y determinarán de acuerdo con la interpretación del Poder Judicial, juicio que seguramente terminará en la Suprema Corte.

Ante las prisas y la sugerencia de no cambiar ninguna coma, es decir que no le cambien el sentido de lo que persigue la ley eléctrica, que es darle prioridad y control a CFE sobre los productores privados, sólo estamos en el primer escalón de una larga lista de actos legales donde el gobierno y las empresas utilizarán todas las instancias a las que tienen derecho. Este juicio permite verificar el grado de autonomía entre los poderes de la nación y cumplir con el mandato de la Constitución, que garantiza a cualquier ciudadano recurrir a los jueces para dirimir conflictos, sea entre particulares, empresas y gobierno; estas demandas ocurren con frecuencia y son atendidas cotidianamente, incluso las que tienen el mismo conflicto que la ley eléctrica cuestionada. La diferencia es la reacción del Ejecutivo federal que eleva el asunto a una solicitud de revisión al proceder del juzgador que otorga la suspensión, señalando un comportamiento inadecuado y deshonesto al servicio de empresas privadas, que a juicio del presidente dañan la hacienda pública y al pueblo. No obstante la reacción presidencial, la cascada de suspensiones no se detuvo.

El presidente de inmediato hizo público un plan B por si sucede que se declare la LIE contraria a la ley suprema y se
abrogue, aunque hace apenas unas semanas la mayoría de los legisladores federales de ambas cámaras la aprobaron; el poder Legislativo, al estudiar la iniciativa que envió el presidente como preferente (treinta días para su estudio y aprobación) debió cuidar que no tenga conflicto con otras leyes y la Constitución, además de otros análisis: económico, social, político y de cuidado al medio ambiente.

El plan B de López Obrador es enviar una iniciativa para cambiar la Constitución, aviso del cual se derivó la
recomendación de que en esta próxima elección es fundamental ganar la mayoría de la Cámara de Diputados
que hoy está a favor de la 4T. El punto es que ni ganando la mayoría absoluta será suficiente, porque en el Senado no cuentan con el número necesario para lograr un cambio constitucional. El plan B es poco viable, pero habrá que ver cómo va este tema a lo largo de los meses.

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