El 30 de mayo de 2014, las secretarías de Defensa y de Marina publicaron el “Manual del uso de la fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas”, ante la preocupación de que hubiera víctimas civiles en medio del fuego cruzado entre fuerzas federales y delincuentes. Desde que fueron lanzados a la lucha contra la delincuencia organizada, los militares comenzaron a ser cuestionados por denuncias de violación a los derechos humanos.

A casi una década de ese documento, la percepción sobre el abuso de la fuerza por parte de soldados y marinos poco ha cambiado en la ciudadanía. Los hechos más recientes, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde cinco jóvenes murieron a manos de militares, hace evidente que algo está fallando en la estrategia de seguridad –cada vez con más víctimas inocentes–, lo cual exacerba la animadversión a la llamada “militarización”.

Bien que el Ejecutivo declare lo obvio: que se castigará a los responsables y que la CNDH ya está actuando (de hecho, la instancia local motivó la respuesta federal) a pesar del intento de la Sedena de matizar, en un comunicado, ese trágico evento del pasado domingo, porque es inverosímil que por un “estruendo” que escucharon los soldados hayan rafagueado el vehículo en que viajaban los jóvenes, porque el manual de referencia, más que “una guía para la actuación del personal militar en el ejercicio de sus funciones”, es un tratado sobre su actuación ante hipotéticos escenarios, y hace hincapié en que el uso de las armas será el último recurso.

El primer capítulo del manual exhorta a evitar conductas como: homicidios, detenciones arbitrarias, incomunicación, cateos y visitas domiciliarias ilegales, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual, desapariciones forzadas. Es decir, respeto a los derechos humanos. Las imágenes en videos difundidos exhiben todo lo contrario a estas recomendaciones, lo cual motivó la agresión de la gente a los soldados, entendible, pero se ponen en mayor riesgo.

El tercer capítulo establece que los militares videograben o fotografíen sus operativos “para estar en condiciones de aportar medios de prueba fehacientes sobre su actuación”. Algo así como probar su inocencia por si llegan a ser acusados de algún delito, lo que al parecer no se hizo en Nuevo Laredo o no se quiere mostrar.

El punto 14 de este mismo capítulo III relativo a medidas para disminuir posibles daños a terceros, señala, entre las acciones prohibidas por constituir un uso indebido de la fuerza, la siguiente: “Disparar desde o hacia vehículos en movimiento, excepto en aquellos casos en que, de no hacerlo, resulte evidente y notorio que el personal de las fuerzas armadas o terceros resultarán gravemente afectados y no hay otra alternativa para evitarlo”.

Si bien es indudable que no se debe tolerar ninguna acción que afecte a la población civil inocente, también hay que puntualizar que, en la mayoría de los operativos, ahora con la Guardia Nacional incluida, las fuerzas armadas buscan atenuar el daño a terceros. Sólo queda agregar que quienes cometen estos actos deplorables no se mandan solos. La Sedena ya informó que los responsables serán sujetos a proceso.

Anexo “1”

Se pronuncia la ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Gobierno mexicano una pronta investigación apegada a estándares internacionales, con la finalidad de aclarar los hechos y determinar las responsabilidadessobre los hechos de Nuevo Laredo,por el uso letal de la fuerza por parte de miembros del Ejército.

“El empleo de las armas de fuego debe ser el último recurso, proporcional al objetivo legítimo que se persigue, con pleno respeto y protección de la vida humana. Toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada de forma independiente por las autoridades civiles”, señala el comunicado de la ONU difundido en varios medios nacionales.

Alertó a las autoridades para tomar medidas para proteger a los sobrevivientes y testigos, así como a los defensores de derechos humanos relacionados al caso. Señaló la repetición de acciones similares en Nuevo Laredo en años recientes, por lo que insistió en la necesidad de un análisis objetivo de las condiciones en las que hubo uso de la fuerza.También, la ONU expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.